A pesar de haber sido declarada culpable y estar cumpliendo su condena en la cárcel, el gobernador Mariano Arcioni continúa protegiendo a la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, y no la exonera de la planta permanente del Estado, tal como establece la ley.
Hay motivos de sobra para que Huichaqueo no sea más empleada estatal, la exoneración es un trámite administrativo, el cual, si hay voluntad política, se resuelve en una mañana.
El estatuto de personal de la administración pública, regido por Ley I N° 74, establece en su artículo 51 que es “causa de exoneración la sentencia condenatoria en perjuicio del agente como autor, cómplice o encubridor de los delitos previstos en el Código Penal contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, la fe pública y la Administración Pública”.
Leticia Huichaqueo fue hallada culpable en la causa conocida como “Royal Canin” y condenada a 4 años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Asesoría General de Gobierno le comunicó a Arcioni que había que exonerarla pero el gobernador y Alejandro Sandilo decidieron protegerla y retuvieron el decreto de exoneración, que seguramente dormirá en algún cajón hasta el próximo 10 de diciembre . La exministra cuenta además con la respaldo de una parte residual del dasnevismo que aún permanece en el gobierno.
A un muy importante funcionario se lo escucho decir en los pasillos de gobierno: “Pobre Lety terminó tras las rejas por una tontería, comidas de perros, y los que se la llevaron de verdad disfrutan de una buena vida”.
Existen casos similares, incluso durante la gestión de Arcioni, donde empleados de planta permanente fueron condenados por la justicia y automáticamente se les instrumentó la exoneración de la provincia.
Todo parece indicar que quien fuera la ministra más mimada por el extinto gobernador Mario Das Neves cumplirá su condena en la cárcel y dentro de dos o tres años estará nuevamente cobrando un sueldo del Estado provincial.