La Provincia del Chubut atraviesa la crisis más profunda de su historia en materia de seguridad. Durante los cuatro años de gobierno de Mariano Arcioni no hubo políticas concretas destinadas a la lucha contra el delito, muy por el contrario, la policía perdió herramientas, recursos y personal, quedando muy en desventaja con respecto a los delincuentes. Lamentablemente no hay localidad que no padezca la inseguridad.
La gestión de Arcioni transitó por la improvisación fugaz de Leonardo Das Neves y la intrascendencia de Miguel Castro, quien estuvo más preocupado por resolver sus urgencias personales y laborales, que de combatir la inseguridad. Ninguno de los 3 estuvo a la altura de lo que requería y necesitaba la sociedad.
Durante estos años, mientras los robos y delitos crecían en todas las localidades, las fuerzas de seguridad debieron lidiar con las comisarías que caían a pedazos por falta de mantenimiento, patrulleros rotos, falta de indumentaria y herramientas para desarrollar sus tareas. La gran mayoría de los policías cobran hoy sueldos que están por debajo de la línea de pobreza y deben remendar sus camisas gastadas por el uso o gestionar durante años la compra un nuevo par de borceguíes. Ni hablar de los chalecos antibalas, que pareciera que las antiguas autoridades no se enteraron que tienen vencimiento y había que renovarlos cada cierto período de tiempo.
Arcioni y Castro vendieron como gran logro de gestión la compra de 160 nuevos patrulleros, que fueron adquiridos a través de un fideicomiso que deberá abonar el actual gobierno de Ignacio Torres a partir de mayo y a los que no se les contempló el service por lo que la mayoría de ellos debieron ser parados y guardados a los 10.000 kilómetros hasta que haya presupuesto para llevarlos al taller oficial a hacer la revisión necesaria.
Los 4 años de abandono dejaron una provincia con los índices de inseguridad más altos de la historia. Para revertir esta crítica situación, el gobierno de Torres buscará armar de forma urgente un comando conjunto de las fuerzas federales, para lo cual ya tendría todo acordado con el Gobierno nacional y necesitará la aprobación de la Legislatura provincial.