Este planteo dio pie para la intervención de Estanislao Zeballos, oposición a la presencia del ministro en el recinto se explayó sobre el problema de los indígenas sometidos, y no sólo reconoció la triste situación por la que atravesaban los indígenas reducidos sino que, además, responsabilizó de esta situación a los anteriores gobiernos a los que consideraba incapaces de dictar una ley general de indios que hubiera resuelto el problema. Zeballos, autor de Viaje al país de los araucanos, señaló que: quien para fundamentar sus grandes masas de salvajes han sido, como es notorio, arrancadas al desierto y trasplantadas a las ciudades, y entregados los más a las familias, haciendo pedazos dolorosamente los vínculos de la sangre, arrancando los hijos de los brazos a las madres, los otros destinados a los establecimientos públicos; algunos al ejército o a los ingenios, y dejando a los demás que se ganen la vida por el trabajo diario.
Los señores diputados del interior “saben que una parte de la riqueza de las provincias del norte se debe al hábito de extraer los indios del Chaco para trabajar en los ingenios pagándoles salarios reducidos, y dándoles además la comida y telas para vestir.
Sin embargo, y a pesar del tenor de la realidad que acaba de describir, Zeballos no puede sustraerse a su formación y al clima de ideas predominantes y, en un claro mensaje positivista no exento de cierto determinismo racial, sostiene que el hecho denunciado por el diputado Carballido no va a ser el último:
[Porque] todos los hombres que han tenido ocasión de tratar indios saben que estos tienen odio a la civilización y un profundo desprecio por sus vencedores; y que si sirven lo hacen como el esclavo, obligados por la dura necesidad.
El indio lleva en su corazón el instinto de la rebelión.
Con estos argumentos Estanislao Zeballos se opone a la interpelación del ministro y propone la devolución del proyecto a la comisión respectiva, criterio que es compartido por la mayoría de los diputados presentes.
Cuando nuevamente se debatió el proyecto en las sesiones siguientes fue el diputado Víctor Molina el encargado de fundamentarlo. En primer lugar reseñó los antecedentes históricos respecto de la incorporación de los indígenas a la vida civilizada, citó las medidas adoptadas sen Estados Unidos y abogó por los derechos de los naturales. En este sentido Molina planteaba que en nuestro país, luego del proceso independentista, la política de los distintos gobiernos que se sucedieron fue la del exterminio. Por lo tanto, si nada se había hecho para comprobar las condiciones de los indígenas para el trabajo, no era posible -decía entonces– traer ahora a colación su holgazanería y barbarie para conservarlos así en condición inferior.
Luego de esta fundamentación, en rápido trámite la Cámara aprobó en general y particular el proyecto de ley que establecía la formación de una colonia en tierras del Estado ubicadas a orillas del río Negro, con una superficie de seis leguas (15.000 hectáreas). Dentro se otorgaría al cacique Namuncurá una legua, prohibiéndosele enajenarla por el término de diez años. Otras dos parcelas de la misma superficie se reservaban para pastos comunes, mientras que el resto de las tierras debía subdividirse en 300 lotes de 25 hectáreas cada uno para ser concedidos a cada familia indígena.
Por otra parte, tanto el cacique como las familias que componían la comunidad recibían animales, implementos agrícolas y semillas, además de una subvención para su manutención durante el primer año. Todos los beneficiarios se obligaban a cultivar los lotes concedidos por un plazo de cinco años, al término del cual se les otorgaba la propiedad definitiva. En cuanto al gobierno y supervisión de esta colonia la misma estaría regida por una comisión integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional. Respecto de los aspectos educativos y religiosos la ley preveía la instalación de escuelas en la cantidad que fuera necesaria, así como la construcción de una capilla.
Aunque el proyecto fue rápidamente aprobado por los diputados no ocurrió lo mismo en la Cámara de Senadores, y así tanto Namuncurá como su comunidad en pleno debieron esperar varios años más para ver concretada su petición.
Fragmento del libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases