La aparición de carne de burro en carnicerías de Trelew generó sorpresa, debate y una rápida reacción del mercado: el producto se agotó en cuestión de horas. Sin embargo, detrás de ese fenómeno fugaz hay una historia productiva marcada por las limitaciones del territorio, los cambios en el ecosistema y un marco legal que pone en duda su continuidad.
El impulsor de la iniciativa es Julio Cittadini, un productor de casi 80 años que decidió reconvertir su campo en la zona de Punta Tombo ante la imposibilidad de sostener la ganadería tradicional. En esa región, la proliferación de fauna protegida -como guanacos, pumas y pingüinos- terminó alterando el equilibrio productivo: los guanacos consumen el pasto y los pumas atacan al ganado, lo que volvió inviable la cría de ovejas y vacas. Según pudo reconstruir este medio, gran parte de los establecimientos rurales del área quedaron directamente abandonados o sin producción.
Frente a ese escenario, Cittadini optó por los burros. No fue una decisión vinculada inicialmente al consumo, sino a la supervivencia productiva: son animales resistentes, adaptados al ambiente y, sobre todo, capaces de defenderse. A diferencia del ganado ovino o bovino, el burro enfrenta al puma y lo espanta a patadas, lo que lo convierte en una alternativa viable en un contexto hostil.
Con el tiempo, esa elección derivó en un experimento inesperado: la comercialización de su carne. El precio -alrededor de 7.500 pesos el kilo-, muy por debajo de la carne vacuna, despertó interés inmediato en un contexto económico donde el consumo se ve cada vez más condicionado por los costos. Pero ese mismo dato anticipa el límite del fenómeno.
El productor cuenta con un rodeo de apenas 150 animales. A ese ritmo de venta, el stock podría agotarse en uno o dos meses como máximo. Y ahí aparece el principal condicionante: el ciclo productivo. A diferencia de otras especies, el burro tiene una gestación de aproximadamente 12 meses y requiere entre dos y tres años para alcanzar peso de faena. Es decir, desde la concepción hasta su comercialización, el proceso completo ronda los tres años, lo que impide cualquier expansión rápida de la oferta.
A ese cuello de botella biológico se suma otro aún más determinante: el marco legal. En Argentina, la faena de equinos está permitida únicamente para exportación y bajo estrictos controles sanitarios. La comercialización para consumo interno no está habilitada en el circuito formal, lo que deja a la carne de burro en una zona gris que podría derivar en cuestionamientos regulatorios.
En ese marco, el fenómeno tiene un origen claro: nació como una decisión individual, casi defensiva, de un productor obligado a reconvertirse ante las dificultades que impone una región atravesada por la fuerte protección de la fauna. Esa salida, inesperadamente, se transformó en un boom impulsado por el precio, que dejó al descubierto el deterioro del poder de compra y las tensiones económicas que atraviesan la provincia. Pero más allá del impacto inicial, todo indica que se trata de una experiencia de corto alcance: la demanda puede haber explotado, pero la escala productiva, los tiempos biológicos y las restricciones vigentes hacen difícil que la oferta logre sostenerla en el tiempo.