“El Ministerio Público está finalizando la etapa de averiguación preliminar y ha reunido la evidencia necesaria para proceder con la imputación de la persona denunciada, junto con otras cuatro personas. Esta formulación de cargos se concretará en el transcurso de septiembre,” afirmó el responsable de la investigación.
El hecho tiene como principal implicada a Vanesa Fita, según confirmó el fiscal Cárcamo. “Ella es la persona inicialmente denunciada y la evidencia recopilada hasta ahora ha ratificado esa denuncia, asignándole el rol de organizadora de toda esta maniobra defraudatoria,” precisó el fiscal.
El delito en cuestión es una estafa reiterada que involucra a 594 personas, quienes fueron defraudadas por un total de 59 millones de pesos, lo que se traduce en un promedio de 100.000 pesos por cada una de las víctimas, de acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal.
“La maniobra consistió, en términos generales, en atraer a personas interesadas en adquirir una vivienda. A estas personas se les exigía un pago previo, que debía ser depositado en cuentas bancarias bajo la titularidad de los acusados. Luego, se las incorporaba en un grupo de WhatsApp donde se les proporcionaba información falsa sobre los supuestos planes de vivienda, asegurándoles que eventualmente accederían a casas en barrios construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda,” detalló el fiscal.
Cárcamo subrayó la gravedad del caso, destacando que los acusados lograron ganarse la confianza de sus víctimas mediante un esquema bien estructurado, que aparentaba ser legítimo, pero cuyo único propósito era defraudar a personas en situación de necesidad habitacional.
El fiscal insistió en que las imputaciones formales se presentarán en las próximas semanas, tras lo cual se realizará la audiencia correspondiente. “Este es un paso crucial en el proceso judicial, y esperamos que la justicia actúe con la firmeza necesaria para responder al daño causado a tantas familias,” concluyó.