Tras el desplazamiento del Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia y los graves daños provocados en barrios residenciales, el gobierno provincial anunció que destinará 6.000 millones de pesos para asistir a las familias afectadas. Sin embargo, más allá de la emergencia y la respuesta económica, emerge una pregunta central: ¿se pudo haber evitado esta tragedia?
La respuesta surge con claridad de informes técnicos elaborados hace más de veinte años, que advertían de manera expresa sobre la peligrosidad geológica de la ladera sur del Cerro Hermitte y la inconveniencia de avanzar con urbanizaciones en ese sector.
INFORMES QUE ADVIRTIERON EL RIESGO
En el año 2002, a pedido de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) elaboró el informe “Medidas de Mitigación y Prevención en la Ladera Sur del Cerro Hermitte”. Allí se describe que la zona presentaba deslizamientos activos, bloques movilizados, arcillas expansivas y una alta sensibilidad al agua, factores que comprometían seriamente la estabilidad del terreno
El documento identifica tres factores críticos que agravaban la inestabilidad:
- La influencia del agua superficial y subterránea
- El crecimiento demográfico y la urbanización
- Las técnicas constructivas inadecuadas.
De manera explícita, el SEGEMAR advertía sobre la urbanización en zonas deslizadas, con pendientes críticas y con arcillas expansivas, señalando que ese tipo de ocupación podía agravar el problema geotécnico y generar procesos de remoción en masa.
Lejos de tratarse de un informe meramente descriptivo, el trabajo técnico incluía un capítulo específico sobre “Control de Planificación Urbana”, donde se recomendaba regular y restringir el desarrollo urbano en áreas inestables y avanzar con sistemas de monitoreo permanente antes de autorizar nuevas obras. Nada de eso ocurrió.
A pesar de esas advertencias, en los años siguientes el municipio aprobó loteos, habilitó apertura de calles, extendió redes de agua, cloacas y servicios, y permitió la construcción de viviendas de alto valor, en un cerro que los propios estudios oficiales señalaban como geológicamente inestable.
En 2003, otro informe del SEGEMAR -esta vez sobre el barrio Divina Providencia- volvió a encender las alarmas. El estudio documentó procesos de piping, asentamientos diferenciales, colapsos del suelo y pérdida de capacidad portante por acción del agua, fenómenos similares a los observados hoy en la zona del Cerro Hermitte
El informe remarca que muchos de esos procesos ya eran visibles en fotos aéreas previas a la urbanización, y que fueron ignorados durante las tareas de movimiento de suelos y planificación urbana. Incluso señala que el piping también había sido identificado en el barrio Sismográfica, uno de los más afectados por el reciente desplazamiento del cerro.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y SILENCIO JUDICIAL
Con los informes técnicos sobre la mesa, resulta cada vez más difícil sostener que el desplazamiento del Cerro Hermitte haya sido un hecho imprevisible o inevitable. Los estudios del SEGEMAR no solo describieron con precisión la inestabilidad de la ladera sur del cerro, sino que además señalaron de manera expresa los riesgos asociados a la urbanización, la apertura de calles, la instalación de servicios y la ocupación residencial de zonas afectadas por deslizamientos y arcillas expansivas.
Pese a ello, durante más de dos décadas el municipio avanzó con decisiones políticas que fueron exactamente en sentido contrario a esas advertencias. Se aprobaron proyectos de urbanización, se habilitaron loteos, se ejecutaron obras de infraestructura básica y se consolidaron barrios enteros en un área que los propios organismos técnicos calificaban como de alta peligrosidad geológica. No se trató de asentamientos precarios ni informales: se construyeron viviendas de buena calidad, con servicios completos, promovidas y avaladas por el Estado local.
La pregunta que surge, entonces, no es técnica sino política. ¿Quién tomó la decisión de avanzar con la urbanización? ¿Quién firmó las habilitaciones, los planos, los permisos de obra? ¿Quién desoyó informes oficiales que advertían que el cerro iba a ceder? Y, sobre todo, ¿por qué hoy no hay ninguna investigación judicial en marcha que intente responder esas preguntas?
Hasta el momento, el foco de la respuesta estatal parece limitado a la asistencia posterior al desastre. El anuncio de los 6 mil millones de pesos para las familias afectadas, aunque necesario desde lo social, no puede tapar el debate de fondo: el daño no fue solo producto de la naturaleza, sino también de una cadena de decisiones políticas que ignoraron alertas técnicas reiteradas.
En ese contexto, resulta llamativa la ausencia de la Justicia. No se conocen investigaciones de oficio, ni llamados a indagatoria, ni pedidos de documentación vinculados a la aprobación de urbanizaciones en zonas de riesgo. Tampoco se ha informado sobre auditorías administrativas que determinen si existieron incumplimientos de deberes de funcionario público o responsabilidades por acción u omisión.
Mientras tanto, legisladores y dirigentes del mismo espacio político que gobierna Comodoro Rivadavia desde hace más de veinte años recorren hoy las zonas afectadas, se muestran cerca de los vecinos y asumen un rol de contención que contrasta con su silencio frente a las decisiones que llevaron a este escenario. La puesta en escena del acompañamiento posterior no alcanza para borrar una pregunta incómoda: ¿por qué no evitaron la tragedia cuando todavía había tiempo?
El riesgo del Cerro Hermitte estaba documentado. Las advertencias existieron. Los informes fueron claros. Lo que falló no fue la geología, sino la política. Y mientras ese debate siga ausente, la sensación que queda es que, una vez más, el Estado llega tarde, paga caro y nadie se hace cargo.