En febrero de 1982, en plena dictadura militar, el contraalmirante Niceto Echauri Ayerra estaba al frente de la gobernación del Chubut. Con el apoyo de Leopoldo Fortunato Galtieri, autorizó “la captura, matanza e industrialización del pingüino de Magallanes” en Punta Tombo. La interesada en la explotación era una empresa japonesa de nombre Hinode Penguins.
El negociado (eso era), autorizaba la matanza y faena de 48.000 pingüinos por temporada. En puerto Camarones se iba a construir la planta que realizaría “la captura, el cuereado, el deshuesado y la conservación en frío”. Otra planta en Trelew se encargaría de “obtener las proteínas”.
Se hablaba con fanfarrias, como siempre en estos casos, de los puestos de trabajo que el sacrificio de estos animales generaría. Unos 30 puestos de trabajo.
Cómo justificación de la carnicería se informaba con tono docto que su calidad proteica era única, que era un producto “elevadísimo de aminoácidos”. Que no había otro alimento “como éste que contenga los 8 aminoácidos esenciales”. Retórica para la estafa.
Al tiempo se descubriría que el negocio oculto detrás de la matanza de pingüinos era la industrialización de la piel para fabricar guantes de golf. La explotación de su carne y sus beneficios en la lucha contra el hambre pura fachada políticamente correcta.
El Establishment Científico que muchas veces suele estar aceitado en sus resoluciones por las promesas de programas de financiación o contratos por la “fiscalización y control” del recurso, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDEP), concluyó que el pingüino de Magallanes era “una plaga” y que el proyecto ayudaba a combatirla.
Facebook “Patagonia histórica”, coordinada por Pablo Lopresti