Comenzó el juicio oral y público contra Carlos Barbato, su padre, su esposa y su chofer

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Se inició el juicio oral contra un ex funcionario provincial, su padre, su esposa y uno de sus choferes por los delitos de enriquecimiento ilícito. Se trata de Carlos Barbato, Carlos Mario Barbato (padre), Érica Perrone (su esposa) y Adrián Quinteros (el chofer). El primero está sindicado como autor de ese presunto delito y los otros tres imputados en carácter de partícipes necesarios.

Ante planteos y divergencias entre los fiscales y los defensores, tras un cuarto intermedio de casi dos horas, los jueces Karina Breckle María Tolomei y José Enis por unanimidad resolvieron admitir los testimonios de dos contadores, uno en contra de los imputados en su informe y el otro en favor de los imputados al realizar las pericias contables.

“Ambos informes y ambos peritos como testigos serán tenidos en cuenta durante el debate”, dijo el juez Enis, informante de la decisión del Tribunal del Juicio. “Escucharlos nos permitirá conocer con mayor claridad en función de la decisión que deberemos adoptar”, concluyó, entre otros aspectos.

El objetivo de los fiscales

Al momento del inicio del debate, los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams, manifestaron en sus alegatos de inicio del juicio que “la fiscalía acreditará que Barbato fue funcionario público con ingresos en función de esas actividades que desempeñó. Prometemos poder probar que adquirió un lote en Playa Unión, casas, un departamento en Puerto Madryn por el que pagó 150.000 dólares, vehículos, mobiliario y cuatriciclos que con sus sueldos en la administración pública, nunca podría hacerlo. Y que además utilizó como testaferros a su padre, a su esposa y al chofer que tuvo en su paso por Lotería. Vamos a traer a las personas que como testigos nos permitirá probar estas compras y construcciones de los inmuebles”, dijo Rodríguez.

Los intereses de los defensores

Por su parte, el defensor de Carlos Barbato y su esposa Perrone y su padre Carlos María Barbato, el abogado Fabián Gabalachis dijo que “reiterados testigos de esta defensa, demostrarán en el juicio que se trata de operaciones lícitas y que la actuación de la señora Perrone fue en función de tratarse de su esposa”, además de considerar que el terreno de Playa Unión fue producto de una “donación” que realizó un familiar de la señora Perrone y por ello fue inscripto a su nombre.

Respecto del departamento en Puerto Madryn, dijo que “no fue adquirido en 150.000 dólares, sino que se trató de 135.000 dólares que compró el padre de Barbato que además estaba en condiciones económicas de comprar “varios departamentos más”.

Respecto de Quinteros, su defensor, Omar López, indicó que el hecho que compromete al imputado –la compra y venta de un vehículo Audi- fue propia de una actividad que desempeñaba paralela a su trabajo de chofer, que era la de dedicarse a la compra y venta de automóviles.

Penas previstas

El enriquecimiento ilícito tiene previstas penas de dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para el que “no justificaré la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”. La pena es la misma para el autor (Barbato) y las interpósitas personas (Quinteros, Barbato padre y Perrone).

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Rodriguez y Williams, además del equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal del Chubut y del Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General.

Barbato es funcionario público en el Chubut desde el año 2003, cumpliendo una gran variedad de funciones en cargo de importancia en la administración pública del Chubut. “Nunca tuvo otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública”, dijo en la acusación el fiscal general Rodríguez en la investigación. Fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 2019, año en que renunció.

Primeros testigos

El primero de los testigos fue el abogado Mario Romeo, que en momentos de los hechos investigados desempeñaba funciones en la Oficina Anticorrupción. Se refirió a las pesquisas que realizó en función de sus tareas y de la importancia de las declaraciones juradas al momento de ocuparse un cargo de funcionario en la Administración Pública. También se refirió a la compra del vehículo Audi.

Cabe destacar que el debate en el que se escucharán a los testigos se realizará por la mañana y por la tarde, y que además no demandará muchas jornadas habida cuenta del acuerdo entre las partes para desistir de varios del listado de testimonios originalmente realizado.



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