Este lunes 4 de agosto comenzará en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia el juicio contra Cruz Ernesto Cárdenas, el exguardabosques y referente mapuche acusado de usurpar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, provocar incendios y agredir a personal de Parques Nacionales.
Cárdenas será juzgado tras permanecer más de un año en condición de prófugo. Se entregó el pasado 29 de julio y desde entonces permanece detenido. La causa había sido elevada a juicio por la fiscalía el 28 de abril de 2023, pero la rebeldía del imputado demoró el proceso hasta ahora. Las audiencias se desarrollarán hasta el viernes 8 de agosto.
Una ocupación violenta
Según el requerimiento fiscal, Cárdenas y María Belén Salinas están involucrados en una serie de hechos ocurridos entre enero de 2020 y julio de 2021, relacionados con la ocupación del Lote 4 en la Seccional El Maitenal del parque. La usurpación se mantuvo hasta el 9 de enero de este año, cuando ambos fueron desalojados por fuerzas federales.
El expediente detalla que el 22 de enero de 2020, Cárdenas y otros integrantes de la comunidad Lof Pailako Futalaufquen Mew ingresaron de forma irregular al predio, colocaron obstáculos como troncos y alambres en los accesos, y comenzaron a marcar la zona con banderas mapuches. También se registraron ataques con piedras a vehículos oficiales.
Desde Parques Nacionales aseguran que ese terreno está bajo posesión del Estado desde 1999, cuando se reubicó legalmente a la familia que lo habitaba. Pese a ello, la comunidad mapuche reclamó el lugar como territorio ancestral, aunque el informe oficial aclara que no se encuentra registrada ni reconocida por el INAI.
Piedras, incendios y agresiones
El segundo hecho que se le imputa a Cárdenas ocurrió el 9 de septiembre de 2020, cuando, junto a otros dos encapuchados, habría agredido con piedras a los guardaparques Danilo Hernández Otaño y Javier Montbrun, dañando una camioneta oficial. La fiscalía sostiene que el objetivo era impedir el cumplimiento de funciones públicas.
Otro episodio clave es el incendio del puente de madera sobre el arroyo Cascada, registrado el 10 de julio de 2021. Ese día, además, se denunció un intento de agresión a la guardaparque María Laura Fenoglio, atacada con piedras e insultos por un grupo en el que —según la acusación— se encontraban tanto Cárdenas como Salinas.
El incendio dejó inhabilitado un paso esencial que conecta Villa Futalaufquen con la Ruta Provincial 71, y fue el tercer siniestro similar en ese mismo puente, según testigos.
Delitos y acusación
La fiscalía federal considera que las acciones de Cárdenas constituyen los delitos de usurpación, daños agravados, atentado contra la autoridad y tentativa de lesiones. En todos los casos se señala el uso de violencia y la afectación de bienes públicos, como puentes y vehículos.
“El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas no habilita la vía de hecho”, afirma el Ministerio Público, que también remarca que los ataques fueron realizados por grupos de más de tres personas, lo que agrava la calificación penal.
Un conflicto sin resolución
El conflicto territorial entre la comunidad Lof Pailako Futalaufquen Mew y Parques Nacionales no logró ser resuelto por las vías institucionales, pese a las gestiones del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde la comunidad se reivindicó la ocupación como parte de una acción de “recuperación territorial” y se cuestionó la “injerencia del winka”.
En un comunicado difundido en 2020, la lof defendió el “control territorial” como forma de sostener sus reclamos, apelando a la autodefensa. Sin embargo, la Justicia entiende que los hechos denunciados exceden cualquier protesta legítima y se inscriben en conductas tipificadas como delitos penales.
El juicio oral comenzará con una extensa prueba reunida por la fiscalía, que incluye peritajes, testimonios de guardaparques y documentación oficial. Se espera que este proceso judicial siente precedente en la resolución de conflictos territoriales en áreas protegidas del país.