En mayo de 1926, se produce un conflicto entre los vecinos, ante una nueva evaluación de los inmuebles de la zona centro de la ciudad. Se quejan por lo elevado de la tasa fijada y el Concejo empieza a recibir notas individuales.
Plantean que se registraron aumentos de más del 200% sobre la tasación realizada en 1924. Lo cierto es que la tasa corresponde al 5 por 1000 sobre el valor de la propiedad por el impuesto de contribución directa y limpieza pública que percibe la comuna.
Desde el poder municipal aseguran que, en esta oportunidad, la tasación “representa el valor que hoy en día se ha establecido como libre acuerdo entre compradores y vendedores (sic)”.
Esto no conforma al movimiento de propietarios que el 2 de agosto presenta un nuevo petitorio colectivo, donde propone el nombramiento de una comisión integrada por representantes de la comuna y contribuyentes, “de reconocida moralidad y capacidad para que constituyan una verdadera garantía para nuestros representados”.
El 17 de julio, en una asamblea en el Teatro Coliseo se trata el tema, se había designado a los 4 integrantes de la comisión: Francisco Salso, José Álvarez, Félix Berutti y Marcial Riádigos. Muchos propietarios que vivían en otros lugares delegan en Salso especialmente la representación.
Pella dice que no es posible nombrar dicha comisión, aunque asegura que no nos han desatendido. El presidente del Concejo dice además que la insistencia de resolución se debe a que el órgano está en receso, con varios concejales ausentes de la localidad.
Como único resultado desde el poder municipal se envía un cuestionario a cada propietario donde piden nombres de inquilinos, arriendo mensual, si no está alquilado, en cuánto estiman podrían ser arrendados o quienes fueron sus últimos inquilinos, cuánto pagaban, área total edificada, entre otros datos. Se pretendía con esta información justificar el valor de la tasa a cobrar, pero las preguntas no son respondidas por los vecinos, quienes tras una serie de acusaciones deben aceptar los nuevos valores.