Corrupción y pobreza, elogio de lo inescindible

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“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.

Estas palabras del presidente John Fitzgerald Kennedy, son del todo aplicables a la realidad argentina actual, conforme al último Informe de la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza e indigencia.

Por su parte, el reciente fallo (apelable) que condenó a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y otros, podría llegar a explicar hasta qué punto los delitos de corrupción se suman y traducen en hambre, pobreza, indefensión e indigencia inapelables en todas sus manifestaciones o tipificación de reproducción intergeneracional.

Concretamente me refiero (solamente a esta causa abierta por corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos) al magno embargo explicativo y justificativo que también se ordenó en el mismo veredicto, consistente en una cautelar de más de 84 mil millones de pesos (actualizados) sobre los bienes y patrimonio de los condenados en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz; denominada “causa Vialidad”

En efecto, conforme dicho informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, (ODSA), el 43,1% de los argentinos son pobres: pero sin subsidios o dádivas del Estado la pobreza llegaría al 50%.

Adicional y concomitantemente, los guarismos de la tasa de “condenados a los penares de la indigencia” se ubicó en 8,1%, afectando y desguarneciendo unos 8,5 millones de personas.

Rumiando sobre una máxima de Platón, “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”; (Platón (427 AC-347 AC)

Si delimitamos el alcance y sentido actual de la pobreza, deberíamos decir que no se trata solamente de la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Se trata, además, de una prolongada indisposición operativa de derechos y garantías constitucionales como  el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua potable, a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales, trabajo decente y acceso a la justicia, etc.

Según el informe del ODSA, “entre 2010 y 2022, el 70% de la población estuvo afectado e indefensa en al menos uno de estos derechos fundamentales”

Conforme a esos datos, la pauperización argentina alcanzó su ribete más cruel cuando “gatilló” que un escalofriante 61,6% de los niños es pobre en el país.

Consecuentemente, cada pobre, cada indigente, fue mutilado en su dignidad, en su capacidad, en sus derechos, en su entusiasmo y esperanza para seguir peleándola después de tanta corrupción y décadas perdidas, mentiras de fracasos explicados, decepciones; aberrantes inmunidades, impunidad e irrecuperabilidad o prescripción de los bienes y recursos corrompidos al Estado.

Supera toda capacidad de asombro admitir que hemos perdido tanta dignidad que hasta pagamos a organizaciones extranjeras como el FMI., el PNUD o la FAO para que coadministren, incluso, nuestros propios recursos para que se robe y corrompa, menos.

Argentina ha lidiado con muchos gobiernos corruptos como este, que usan y abusan del derecho procesal de apelar toda decisión administrativa y/o judicial adversa. Simultáneamente, nuestras pobreza e indigencia crecientemente indefensas, con marcado escepticismo y mirando desde afuera, sueñan la utopía de ver algún día traducidos sus derechos en capacidades y libertad; sin corrupción, (Amartya Sen).

 

POR ROBERTO FERMÍN BERTOSSI para el Diario de Río Negro



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