El titular de la Oficina Anticorrupción Diego Carmona tiene una denuncia contra cuatro exfuncionarios de Marino Arcioni por el escándalo de los retornos en la entrega de subsidios a cooperativas de trabajo.
Los exfuncionarios investigados son Cristian Ayala, Tobías Gaud, Rolando Linares y Gabriel Cymerman, quienes habrían favorecido, entre otras, a la Fundación Coincidir, perteneciente a los hermanos Luis y Marcelo D’Angelo, a cambio de retornos económicos. En la denuncia se enumeran 18 expedientes por un monto total de $34.846.175, donde se observan inconsistencias en la facturación, discrepancias en la cantidad de beneficiarios y falta de información sobre el destino real de los fondos.
Si se confirman las acusaciones, los exfuncionarios podrían enfrentar cargos por cohecho, malversación de fondos y delitos contra la administración pública.
Metodología delictiva
Carmona indicó que las cooperativas debían “presentar un presupuesto de lo que necesitaban y si era aprobado por los funcionarios se les otorgaba el subsidio, el cual era no reintegrable pero debía ser rendido, entonces la misma resolución que otorgaba el subsidio le decía que tenían 30 días para gastar la plata y 60 días para rendirlo en el Tribunal de Cuentas, esto es presentar la factura de lo que se gastó”.
Lo que investiga la justicia es si las autoridades de las cooperativas eran obligadas a entregar un retorno de los fondos a los funcionarios que les otorgaban los subsidios.
“A partir de un trabajo en conjunto con el Tribunal de Cuentas y con las actuales autoridades de la Secretaría de Trabajo nos han remitido una serie de expedientes, en función de subsidios que se entregaban a distintas cooperativas o entidades jurídicas, se detectaron irregularidades en la rendición de esas cuentas”, expresó Carmona.
El fiscal explicó que “en ese procedimiento de rendición de cuentas el Tribunal de Cuentas y en la Secretaría de Trabajo con sus actuales autoridades empezaron a detectar algunas irregularidades en cuanto a facturas que no coincidían con lo que decía que debería rendir”.
Según los investigadores, las responsables de las cooperativas tienen grandes dificultadas para rendir el total de los subsidios porque solo dispusieron de la mitad del dinero, la otra habrían tenido que entregarla a los funcionarios de la Secretaria de Trabajo.
“Observamos la adulteración de la factura, los movimientos bancarios en la documentación que habían presentado había sido falseada para evitar la devolución a la rendición de los fondos”, afirmó Carmona.