En 2005, el entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió sobre las graves deficiencias en los mecanismos de fiscalización de los organismos públicos y aseguró que había detectado personalmente 55 lugares en el aeropuerto internacional de Ezeiza por donde se podía retirar mercadería sin ningún tipo de control. “Los sistemas de control son uno de los mayores déficits que tiene el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal”, afirmaba.
Las declaraciones se produjeron en medio del escándalo por el tráfico de 60 kilos de cocaína a España, que involucraba a integrantes de la Fuerza Aérea y directivos de la empresa Southern Winds. Das Neves sostenía que el narcotráfico era un problema de larga data y recordaba sus cuestionamientos a los organismos de fiscalización cuando se desempeñaba como diputado nacional y presidía la Comisión de Aduanas.
“En mi primera intervención en el tema, cuando se decía que había algunos problemas en los controles, yo encontré en el perímetro de Ezeiza 55 sitios diferentes por donde se sacaba mercadería sin ningún tipo de control”, denunciaba el entonces mandatario, dejando en evidencia la magnitud de las irregularidades que había detectado en el principal aeropuerto internacional del país.
Das Neves también recordaba que el 1 de mayo de 1997 había participado de un procedimiento en el que se decomisaron 2.000 kilos de droga que eran transportados desde Colombia hacia Hamburgo. “Por eso digo que este es un tema viejo”, señalaba, al insistir en que las fallas de seguridad venían de muchos años atrás.
El gobernador respaldaba la decisión de depurar la Fuerza Aérea en sus máximas esferas, al considerar que existían “niveles de complicidad muy grandes, especialmente en aeropuertos como el de Ezeiza”. Además, revelaba que se había comunicado con el presidente Néstor Kirchner para facilitar las medidas adoptadas.
Finalmente, reconocía la necesidad de incorporar tecnología para mejorar la seguridad aeroportuaria, aunque advertía que “lo fundamental es el recurso humano”. También destacaba la importancia de que el Estado recuperara el control sobre el 70% de la seguridad aeroportuaria que había sido privatizada durante la década de 1990.
