Álvaro Barros sostenía que los indígenas podían incorporarse a la vida civilizada si se les facilitaban los medios necesarios. De esta manera contrariaba la opinión -generalizada entre sus colegas y funcionarios políticos- de que eran bárbaros productos del desierto que difícilmente se incorporarían a la civilización.
Incluso sus afirmaciones iban más lejos, al plantear que la perfidia y la agresividad de los indios más que congénitas eran resultado de sus relaciones con los comerciantes, proveedores y otros individuos “civilizados” que constantemente intentaban engañarlos y explotarlos. Si los indígenas, concluía, fueran tratados con honestidad no sólo aceptarían integrarse a la vida civilizada respetando nuestras leyes y nuestra justicia, sino que podrían incorporarse a través del trabajo, fundamentalmente del trabajo agrícola.
Precisamente en un folleto aparecido en 1871 sobre el estado de la campaña bonaerense y los abusos que en ella se cometían, Barros, luego de denunciar la amplia corrupción que existía en la frontera y como ésta atentaba contra la seguridad de sus moradores, se ocupa del problema indígena mostrándose optimista sobre la “regeneración de los indios” si se dejan de lado las raciones y en cambio se les entregan tierras para colonizar: “Repartir en propiedad esos campos a los indios, medidos, escriturados y amojonados; establecer entre ellos un sistema de orden que ellos mismos anhelan, porque muchos hay que han aprendido a conservar lo que adquieren y saben valorar lo que importa la propiedad. […] Proporcionar pequeños recursos para que se dediquen a la labranza los que son capaces”.
Si se tomaran estas medidas, aseguraba Barros, en poco tiempo el resultado sería la conversión de los indios en pacíficos trabajadores y se terminaría la inseguridad en la frontera, además de eliminarse la inmoralidad y la corrupción que eran las características dominantes en esos momentos.
Como vemos, estas afirmaciones venían siendo planteadas por Barros desde mucho tiempo antes que se desatara la ofensiva final, y aparecían como un correlato a sus denuncias sobre los abusos y arbitrariedades existentes en la línea de frontera. Por eso no extrañó que al ser designado a fines del año 1878 primer gobernador de la Patagonia volviera sobre este particular, y gestionara ante el Presidente y el ministro de Guerra y Marina que autorizaran la creación de colonias agrícola-ganaderas indígenas sometidos
Finalmente, sus gestiones logran tener éxito y tal cual lo había señalado el presidente Avellaneda en el discurso a las cámaras a principios del mismo año, a la par que se llevaba a cabo la distribución de indígenas también se ponía en marcha a través del Ministerio de Guerra y Marina -con algunas agrupaciones indígenas que habían sido reducidas aún antes de iniciarse la campaña militar y que, por ende, eran mantenidas y racionadas por el propio Gobierno- una experiencia piloto consistente en la formación de las ya referidas en páginas anteriores tres colonias agrícola-ganaderas.
En el caso de la colonia General Conesa -erigida en inmediaciones del fortín del mismo nombre a orillas del río Negro- en inmediaciones de la Gobernación de la Patagonia comenzó su instalación inmediata-mente de ser sancionado el Decreto 11.215 del 14 de febrero de 1879. En sus dos primeros artículos la norma especificaba que la colonia se formaría con los sobrevivientes de la tribu del cacique Catriel, y que sería regida por un Intendente militar dependiente de la Gobernación de la Patagonia. A cargo de este funcionario estaría todo lo relativo a la formación y administración de la colonia.
En el artículo tercero se determinaba que de los fondos asignados al efecto en el presupuesto oficial, en el rubro “relaciones pacíficas” con los indios, parte de los mismos se destinarían en el primer año a los gastos de instalación de la colonia, proveyéndola de semillas y útiles de labranza, además de la entrega de artículos de primera necesidad indispensables para la subsistencia de sus pobladores. Pasado el primer año la colonia debería sostenerse con el producido de sí misma, pasando a ser propiedad de cada productor los beneficios obtenidos por su actividad agrícola-ganadera.
Instalada la colonia, la actividad en su primer año fue casi nula, pues sufrió en ese período una serie de contratiempos que hicieron imposible su normal desenvolvimiento. Esos inconvenientes fueron, según el informe elaborado por la autoridad de la colonia, primero una grave epidemia de viruela que mantuvo paralizada a la misma por varios meses, a lo que se sumó posteriormente la movilización de los colonos indios como en tropa de la Guardia Nacional con el fin de reemplazar a las de línea en el resguardo de la frontera, ya que estas tuvieron que marchar a Buenos Aires para sofocar la sublevación de Carlos Tejedor.
Fragmento del libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases