miércoles, 29 de mayo de 2024
Gitanos fuera de la ciudad de Berna; se los muestra con trajes y armas sarracenas. Grabado del siglo XV.

Entre el mito y la realidad se cuenta que un pueblo nómada entró a principios del siglo XV en la Península procedente del norte de África, previa parada en Francia, siguiendo una larga marcha que se hundía en la noche de los tiempos. Distintas villas aragonesas y castellanas otorgaron morada a sus patriarcas bajo la fantasiosa creencia de que se trataba de un pueblo que huía del Gran Turco y que, incapaz de defender lo suficiente la santa fe, le había sido impuesta por el Papa la penitencia de recorrer el mundo hasta el final de los días.

Así lo creyeron las autoridades de Jaén en noviembre de 1462, fecha en la que agasajaron con comida, bebida y un lecho a un individuo que se presentó, junto a un séquito de cien personas, como el Conde de Egipto. A estos primeros grupos se les añadieron los grecianos, peregrinos que penetraron por la ribera mediterránea en los años ochenta a causa de la caída de Constantinopla. Unos y otros continuaron deambulando por toda la península, siendo bien recibidos de manera amistosa hasta mínimo 1493, año en el que un grupo de egipcianos llegó a Madrid, donde el Concejo acordó «…de dar limosna a los de Egipto porque a ruego de la Villa pasaron delante, diez reales, para evitar los daños que pudieran hacer trescientas personas que venían…».

Ni siquiera hoy en día hay consenso sobre el lugar de procedencia de este pueblo disperso por toda Europa, pero desde el punto lingüístico hay evidencias de una raíz común de su idioma original con el sánscrito, de modo que se puede establecer el origen del pueblo Rom en la zona noroeste de la India. Entre los siglos XI y XIII las invasiones de los ejércitos turco y mongol obligaron a las tribus de gitanos asentados a tomar diferentes caminos: el grupo de los Ben viajaría a través de Siria hacia próximo oriente y por el Mediterráneo hasta el valle del Nilo; el grupo de los Phen a través de Armenia hasta Bizancio. Fue entonces cuando empezaron a documentarse las primeras llegadas a la Península, primero como príncipes luego como peligrosos forasteros.

De la acogida a la persecución
A finales de esa centuria ya nadie consideraba que los egiptanos fueran aristócratas desarrapados, sino que más bien veían en estos grupos nómadas la causa de un sinfín de problemas de orden público. Los Reyes Católicos exigieron a los gitanos que se avecinaran en las ciudades y castigó a aquellos jóvenes que vagabundeaban a penas de cárcel y de alistamiento forzoso. Una pragmática de estos Monarcas en 1499 estableció que «si fueren hallados o tomados, sin oficio, sin señores, juntos… que den a cada uno cien azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por la segunda vez que les corten las orejas, y estén en la cadena y los tomen a desterrar como dicho es…». Tales amenazas sirvieron de poco con un grupo que no dejaría de crecer en los siguientes siglos, justo lo contrario que las comunidades judía y musulmana.

Pintura de una familia gitana

De lo que nadie les libró es de convertirse en la cabeza de turco de las autoridades. La proliferación de vagabundos y gentes de mal vivir en las ciudades colocó a los gitanos en el foco a mediados del siglo XVIII. A ojos de la población y de las autoridades, la forma de vida de esta etnia suponían un desafío a las leyes contra el nomadismo. La legislación contra los egipcianos se endureció en 1745 con una real cédula que amplió la pena de muerte, reservada hasta entonces a los gitanos «acuadrillados» sorprendidos con armas de fuego, también a los «encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de su vecindario».

«Sea lícito hacer sobre ellos armas y quitarlos la vida», apuntaba el texto. No conforme con ello, en el cénit de su poder, el marqués de Ensenada puso en marcha una gran redada para «exterminar tan malvada raza», como definía a esta etnia en sus cartas, a pesar de los informes que le aseguraban que, para entonces, la mayoría de los gitanos ya estaba avecindada y en proceso de integrarse en sus comunidades.

El ministro riojano convenció a Fernando VI de su particular solución final: «Luego que se concluya la reducción de la caballería, se dispondrá la extinción de los gitanos». El plan consistiría en censar primero a los gitanos y, tras localizarlos en cada uno de los pueblos, apresarlos en un mismo día a una misma hora a lo largo y ancho de la península. Se pretendía así separar maridos y mujeres para «impedir la generación», es decir, separar hombres y mujeres para que no procrearan. Además, los niños mayores de siete años serían apartados de sus madres para ser enviados con los hombres. Fernando VI autorizó la redada en el verano de 1749, cuando en un mismo día fueron recluidos unos 9.000 gitanos. Muchos consiguieron escabullirse a través de la protección de nobles y eclesiásticos, mientras otros plantaron resistencias armadas o se dieron a la fuga por los montes.

Ensenada pidió intensificar la persecución de los huidos, pero el hacinamiento en las casas de misericordia y lo inminente de los motines frustraron sus planes. Ni siquiera él sabía qué hacer con los gitanos una vez apresados: ¿Obligarlos a trabajar en obras y oficios públicos a perpetuidad? ¿Expulsarlos del país? ¿Llevarlos a América para que, como muchos defendían, fueran asimilados por los indios? Al final rectificó, pero no resolvió el problema generado por su reclusión.

Hubo que esperar hasta 1763, con el ascenso al trono de Carlos III, para que llegara una compensación legal a la situación de los gitanos en forma de indulto general. La resistencia de los gitanos presos, que se negaron en su mayoría a trabajar en los arsenales, y el coste económico de las operaciones disuadieron a las siguientes generaciones de ministros de recurrir a nuevas redadas, aunque no faltaron otros ministros reformadores, como el conde de Aranda, que siguieron defendiendo la «aniquilación» de esta etnia años después como método para curar los problemas de la nación.

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