El Tribunal de Cuentas de Chubut tendrá en 2026 un presupuesto de $14.364.900.478, lo que representa una suba interanual del 30,1%. El dato cobra relevancia no solo por el volumen del gasto, sino porque vuelve a poner bajo la lupa a un organismo que, desde hace años, recibe críticas por su desempeño, su lógica de funcionamiento más política que técnica y la baja eficacia real de sus sanciones frente a irregularidades y casos de corrupción en la administración pública.
Sueldos equiparados a la Justicia
Una de las particularidades del Tribunal de Cuentas es su régimen salarial: la Ley Orgánica establece que la remuneración de los miembros del plenario es equivalente a la de jueces de Primera Instancia y que esa “remuneración es intangible”.
En la práctica, esto coloca a la cúpula del organismo en un esquema de privilegio salarial comparable al Poder Judicial, pero sin que exista -según múltiples cuestionamientos públicos- un correlato proporcional en términos de resultados de control.
La lupa sobre los débiles y la ausencia en los grandes escándalos de corrupción
Otra de las críticas persistentes al Tribunal de Cuentas de Chubut es el sesgo en el ejercicio del control. En la práctica, el organismo suele concentrar observaciones, apercibimientos y sanciones en pequeñas comunas y municipios de escaso peso político, mientras que los grandes desfalcos que sufrió la provincia en las últimas décadas nunca fueron advertidos ni frenados por sus auditorías.
Funcionarios provinciales que luego terminaron procesados y condenados por hechos de corrupción -con perjuicios millonarios para las arcas del Estado- pasaron durante años por los circuitos administrativos sin que el Tribunal detectara irregularidades de fondo. En esos casos, el órgano de control no anticipó, no alertó ni actuó preventivamente-
En contraste, el accionar más visible del Tribunal suele recaer sobre jefes comunales, presidentes de comunas rurales o responsables administrativos menores, a quienes se les aplican multas de bajo monto, observaciones formales o sanciones administrativas sin impacto real. Esa selectividad alimenta la percepción de que el control es asimétrico: severo con los eslabones más débiles del sistema y contemplativo o ineficaz frente al poder político provincial.
Este patrón refuerza una crítica estructural: el Tribunal de Cuentas no funciona como una herramienta eficaz de prevención del daño patrimonial, sino más bien como un organismo burocrático que actúa a destiempo, con criterios muchas veces alineados a equilibrios políticos antes que a una lógica estrictamente técnica y de resguardo del dinero público.
Mientras el presupuesto del organismo crece y se incremente su planta de personal, designada mayoritariamente a dedo por acuerdos políticos, los resultados de los controles siguen siendo deficitarios y cuestionados. La falta de detección temprana de los grandes casos de corrupción provincial y la recurrencia de sanciones simbólicas en expedientes menores sostienen justifican las fuertes críticas de la comunidad que pide austeridad y eficiencia en los organismos públicos.