viernes, 11 de octubre de 2024

Las tres personas que estaban siendo explotadas laboralmente en la Estancia La Gloria, en Paso del Sapo, y que fueron rescatadas a través de un operativo de la división Trata de Personas de la policía de la provincia, la Secretaría de Trabajo y el sindicato UATRE, indicaron que el administrador del establecimiento y quien los tenía trabajando en esas condiciones es el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri.

Así lo confirmó la secretaria general de UATRE en Esquel, Eliana Montini: “El establecimiento es propiedad de un empresario muy importante de la localidad de El Bolsón y  el que le alquila el campo, según dijeron los propios trabajadores, es Marcelo Limarieri”, resaltó y destacó: “Los trabajadores tenían miedo de denunciar porque no estamos hablando de un 4 de copas”.

La gremialista expresó que “los tres trabajadores se encontraban realizando tareas en condiciones de irregularidad, hay una señora que hacía de doméstica en el casco y los otros dos estaban en negro y cobraban $ 20.000 y $ 18.000 por mes. Uno de ellos vivía en un puesto a unos 8 kilómetros del casco, en condiciones inhumanas, como para que tengan una idea, el baño era dos nylon negros con una tabla adentro con agujeros redondos simulando una letrina que estaba a unos 300, 400 metros del puesto”.

Según Montini, Limarieri se habría aprovechado de las necesidades y de la vulnerabilidad de estas personas para contratarlas para trabajar en estas condiciones. “Un trabajador que tenemos que comentó que no sabe ni escribir y Limarieri lo contrató por $20.000 mensuales. No es la primera vez que nos encontramos con esta situación. Lo que pasa es que muchas veces los trabajadores se quejan, pero no quieren que vayamos porque van a tener problemas, porque tienen miedo, por la familia, por el trabajo. Y es entendible porque no estamos hablando con un cuatro de copas”, resaltó.

Los dos trabajadores fueron llevados a sus hogares y la causa quedó en manos de la justicia. “La denuncia en realidad recae en primera instancia contra el propietario del campo, quien deberá presentar el contrato de alquiler. La estancia quedó clausurada hasta que se presente un plan de readecuación de las instalaciones para el personal y nuestros abogados están trabajando para avanzar en las causas civil y penal contra estas personas”, aseguró Montini.

 

 

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