La causa judicial que investiga una presunta estafa masiva atribuida a Vanesa Fita, referente social de Comodoro Rivadavia, ingresó en una fase decisiva. El fiscal general Martín Cárcamo informó que la Fiscalía ya reunió evidencia suficiente para formular una acusación pública contra Fita, a quien se le imputan al menos 590 hechos de estafa cometidos mediante el uso de una “influencia mentida”, es decir, simulando poder o capacidad de gestión ante organismos públicos.
“Ya hemos agotado, en principio, las medidas de prueba y reunido la evidencia necesaria para avanzar con la acusación formal contra la señora Vanesa Fita”, sostuvo Cárcamo. De acuerdo con la investigación, las maniobras consistían en solicitar sumas cercanas a los 100 mil pesos por damnificado, bajo la promesa de gestionar beneficios o trámites que nunca se concretaban. El monto total de lo defraudado superaría así los 59 millones de pesos.
Participación de otros imputados
Además de Fita, hay cuatro personas más que fueron sometidas a proceso. El fiscal explicó que la prueba recolectada es común para todos los imputados, pero que aún se está evaluando la figura penal aplicable en esos casos. Mientras que a Fita se le adjudica la autoría de las maniobras, a los otros se les atribuye una posible participación necesaria.
“Estamos analizando si se configura esa figura legal, que implica que la colaboración brindada haya sido esencial para llevar a cabo la maniobra del modo en que se realizó”, explicó Cárcamo.
Juicio y posible pena
Si bien aún faltan varias instancias procesales, Cárcamo estimó que el juicio no se concretaría en lo que resta del año, aunque podrían desarrollarse etapas intermedias como la acusación formal y la audiencia preliminar. Además, anticipó que dada la magnitud del caso y la pena esperada, el debate podría realizarse mediante juicio por jurados.
En cuanto a la posible condena, el fiscal recordó que el artículo 172 del Código Penal prevé una pena de 1 a 6 años de prisión por cada hecho de estafa. Sin embargo, por tratarse de un concurso de delitos, el Código establece un tope máximo de 50 años de prisión.
“Esto no significa que esa será la pena concreta, pero sí que la escala penal crece de forma exponencial cuando se acumulan tantos hechos”, advirtió Cárcamo.
La investigación continúa, pero el caso ya se perfila como uno de los procesos penales más relevantes del año en la justicia chubutense por el volumen de víctimas y el dinero involucrado.