Los recientes incendios en la cordillera reavivan un debate que se repite cada verano: ¿son atentados planificados o simplemente hechos difíciles de esclarecer? Mientras el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, aseguró que estos “atentados no son casuales” sino que responden a una planificación de “los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia”, desde el Poder Judicial reconocen la enorme dificultad para encontrar a los responsables.
En este contexto, el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer admitió que las herramientas para avanzar en estas investigaciones son limitadas, y que la mayoría de estos delitos quedan impunes. “Es como si alguien entras a tu casa a las 4 de la mañana y te roba la bicicleta. Si no tenés cámaras de seguridad, no hay testigos y estaba oscuro. ¿De qué manera determinamos quién te robó la bicicleta? Esto es exactamente igual”, ejemplificó.
En su declaración, el gobernador Torres fue contundente: señaló que estos incendios no solo son intencionales, sino que forman parte de un plan delictivo amparado por sectores de la justicia que garantizan la impunidad de los responsables. Además, criticó la lentitud de los procesos judiciales, con causas que “demoran años en ser resueltas”.
Investigaciones sin avances y una justicia sin respuestas
Más allá del cruce de discursos, la realidad es que la gran mayoría de los incendios en la región quedan sin responsables. Si bien el fiscal recordó que hubo casos donde se logró identificar y condenar a autores de incendios intencionales, reconoció que la mayoría de estas investigaciones se estancan por falta de pruebas. “Hay una franja muy grande de delitos que quedan en NN, con autores ignorados”, admitió.
La falta de justicia y de condenas, con causas que se caen por prescribir o por falta de pruebas indigna a la sociedad y a la clase dirigente. Desde el poder político nacional y provincial habría profundo malestar con el juez Otranto, al que acusan de lento y de falta de decisión y determinación en su accionar.
La pregunta que surge entonces es si estas dificultades se deben solo a la falta de pruebas o si, como sugiere el gobernador, hay sectores dentro del Poder Judicial que garantizan la impunidad de quienes provocan estos incendios.