La tierra avisó. El Estado no

Crónica de una catástrofe anunciada y del deber jurídico de responder

Hay una costumbre argentina que se activa sola, es casi biológica. Cuando la tierra se mueve, cuando una ciudad se inunda miramos al cielo y todos repetimos casi en forma automática:

“Fue la lluvia.”

“Fue el clima.”

“Fue la naturaleza.”

A mi juicio, solo es una forma elegante de absolver a todos. Como si la naturaleza llenara expedientes. Como si la lluvia firmara permisos de obra. Como si el viento aprobara loteos y cobrara tasas municipales. Pero no es así. Las tormentas no urbanizan. Los cerros no venden terrenos. Las arcillas no autorizan mensuras. Todo eso lo hace el Estado.

Lo dicho me lleva a concluir irremediablemente que, cuando el daño proviene de decisiones humanas —o de omisiones humanas— el problema deja de ser geológico. Pasa a ser jurídico. Y, sobre todo, político.

Lo ocurrido en Comodoro Rivadavia, en el Cerro Hermitte, no fue una sorpresa. Fue la consecuencia previsible de años de firmas, sellos y silencios.

No fue un derrumbe: fue una cadena de decisiones

Cuando uno camina hoy por los barrios afectados ve grietas, casas torcidas, paredes partidas como pan viejo. Pero el verdadero derrumbe no está en la ladera. Está en los papeles.

Porque para que un barrio exista alguien tuvo que:

•          aprobar loteos,

•          autorizar subdivisiones,

•          permitir construcciones,

•          llevar agua, gas y electricidad,

•          cobrar impuestos y tasas,

•          consolidar el asentamiento.

Nada de eso lo hace la lluvia. Todo eso lo hace el Estado. Municipal primero. Provincial después. Y en algún punto, todos.

Si el suelo era inestable —y los informes técnicos lo advertían desde hace décadas— entonces la urbanización no fue un accidente. Fue una decisión. Y la omisión también es una decisión.

Cuando el riesgo es conocido, la excusa se termina

Los estudios geológicos estaban. Los especialistas lo sabían. Los mapas hablaban. Arcillas, sedimentos marinos, taludes erosionables, antecedentes de deslizamientos. Traducido en criollo: suelo que se mueve.

Ahora bien, cuando el Estado conoce el riesgo y eso está fuera de duda, y  aun así, habilitas viviendas, el hecho deja de ser imprevisible. Pasa a llamarse negligencia, falta de servicio, incumplimiento del deber de policía urbana, responsabilidad del Estado.

En cualquier manual serio de derecho público, eso tiene un nombre simple: culpa.

El problema argentino es que la culpa es un animal exótico. Todos la mencionan pero nadie la encuentra.

El negocio silencioso de urbanizar donde no se debe

Urbanizar zonas marginales casi nunca es un error inocente. Muchas veces es un negocio disfrazado de necesidad social. Se vende tierra fiscal. Se regularizan ocupaciones. Se cobran servicios. Se recauda.

Mientras todo esto funciona, nadie pregunta por la geología. Sin embargo, cuando el cerro se mueve, aparecen los subsidios, las promesas y los discursos humanitarios.

Es casi como decir que el Estado primero cobra por dejarte vivir donde no debías vivir y después te asiste con el dinero de todos. Pero la responsabilidad, nunca aparece. Para decirlo en forma sencilla, es un círculo perfecto que tiene nombre propio: impunidad institucionalizada.

Dejemos de hablar en abstracto. Hablemos claro.

Si el Municipio autorizó, responde. Si la Provincia no controló, responde. Si desarrolladores vendieron sin advertir el riesgo, responden.

Los vecinos no son responsables. Compraron donde el Estado habilitó. Pagaron impuestos. Confiaron legítimamente. En derecho eso se llama confianza legítima. Y cuando el Estado la traiciona, debe reparar.

El verdadero contrato social que alguna vez deberemos cumplir.

En cualquiera de los países normales, después de un desastre hay auditorías, investigaciones técnicas, responsabilidades patrimoniales, funcionarios desplazados y por sobre todo juicios.

Por el contrario, en la Argentina hay conferencias de prensa. Y la palabra “responsable” desaparece.  Si el mensaje es “construí donde quieras, total después paga el Estado”, entonces no hay orden ni justicia. Hay anarquía con impuestos.

Escribí durante años sobre política y responsabilidad pública. Pero antes que editorialista soy abogado. Y el derecho tiene algo que la política argentina perdió: memoria documental. El derecho no mira la montaña. Mira el expediente y busca quién firmó, quién autorizó, quién omitió controlar, qué informe fue ignorado, qué advertencia se archivó. De este modo, para el derecho cada tragedia administrativa deja huellas. Y las huellas tienen nombre y apellido.

De ninguna manera, el final de esta historia puede ser una colecta o un subsidio. Debería ser un proceso judicial, ordenado, colectivo, técnico, con peritos, con expedientes y con responsabilidades personales. No por venganza sino por justicia.

Y esto último es importante, dado que, cuando nadie paga, todos volvemos a pagar. Con la próxima casa. Con el próximo barrio. Con la próxima familia.

Algún día este país va a entender algo básico.  Las catástrofes sin responsables no son catástrofes. Se transforman en políticas públicas. Y mientras sigamos mirando el cielo para buscar culpables, seguiremos enterrando casas.

Precisamente por ello, tal vez sea hora de dejar de mirar la montaña y empezar a mirar los archivos. Porque la tierra avisó. El Estado no. Y ahora le toca hablar a la Justicia.