La relación entre la Iglesia y el radicalismo nunca fue fácil. Desde sus orígenes, el Partido Radical debió enfrentar los embates del clero, cuyos representantes jamás vieron con buenos ojos a los movimientos populares que, con mayor o menor fortaleza, con altibajos e incluso con defecciones se caracterizaron por enfrentarse a los sectores privilegiados de la sociedad. Desde Leandro Alem e Hipólito Irigoyen, pasando por Lisandro de la Torre, Arturo Frondizi y Arturo Illia, los dirigentes provenientes de la UCR protagonizaron enconadas polémicas con la Iglesia.
Alfonsín no fue la excepción: desde los albores de su gestión debió soportar los ataques de los Obispos desde varios frentes. Desde el plano ideológico, la Iglesia veía con preocupación la proximidad del alfonsinismo con la Internacional Socialista y su acercamiento a la Social Democracia Europea, el impulso del gobierno radical a un proyecto educativo y cultural alejado de los esquemas tradicionalistas sostenido por el clero y la decisión de juzgar a los responsables del genocidio llevado a cabo por la dictadura militar.
Desde el punto de vista de las libertades públicas, la Iglesia presenciaba con horror la ausencia de censura y la proliferación de películas eróticas que, aunque de dudosa calidad y baja factura, mostraban la convivencia entre el tráfico de drogas, la trata de personas, la vida en las cárceles, la homosexualidad, la violencia y las violaciones. Títulos como Las Lobas, Las Colegialas, Los Gatos, Correccional de Mujeres, Atrapadas, y otras del mismo género que han pasado sin pena ni gloria, exhibían con un tono de denuncia precaria y escandalosa meras peleas entre mujeres desnudas, abusos sobreactuados y situaciones torcidas y retorcidas hasta una morbosidad en grado patológico. Pero no eran estas películas las que realmente inquietaban a los grupos más conservadores vinculados a la Iglesia, sino aquellas que mostraban la intolerancia del Poder frente al sexo: Camila, de 1984 denunciaba el asesinato de Camila O’Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez durante el Gobierno de Juan Manuel de Rosas con la complicidad de la Iglesia. Adiós, Roberto (1985) hablaba de la realidad silenciada de dos hombres homosexuales. La visita a Buenos Aires del dramaturgo y actor italiano Dario Fo en 1984 provocó un verdadero escándalo. La representación de Misterio Buffo, en el Teatro Municipal General San Martín, obra satírica que pone en evidencia a hipocresía de la Iglesia, generó la protesta de la Corporación de Abogados Católicos, La Liga de Madres de Familia y decenas de anónimos que amenazaban con volar el teatro de la Avenida Corrientes. Durante las funciones posteriores llegaban al teatro decenas de “militantes” católicos y partidarios de agrupaciones filofascistas que pintaban esvásticas y rompían los vidrios del teatro al grito de “Viva Cristo Rey”. Frente aquel puñado de fanáticos alentados por el pasquín nazi-rosista Cabildo, finalmente las fuerzas progresistas movilizaron tres mil manifestantes y las protestas apoyadas por sectores eclesiásticos llegaron a su fin.
El capítulo que desató la primera batalla entre el Gobierno de Raúl Alfonsín y la Iglesia fue la sanción de la Ley de Patria Potestad Compartida. Durante la primera presidencia de Perón se había establecido este Derecho mediante la reforma constitucional de 1949. Sin embargo, la igualdad entre los progenitores fue derogada por la Convención Constituyente de 1957 promovida por la Dictadura que derrotó al Justicialismo en el 55. En 1974, el Congreso Nacional, restituyó la Patria Potestad compartida, pero María Estela Martínez de Perón vetó la Ley a instancia de la Iglesia. Finalmente, en 1985, el Gobierno de Raúl Alfonsín, restableció la igualdad de la madre y el padre mediante la sanción de la Ley 23234. La guerra habría de desatarse cuando el Gobierno Radical decidió impulsar el proyecto de Ley de Divorcio Vincular.
Todos los intentos de legalizar el divorcio se habían hecho trizas contra el férreo pórtico del episcopado argentino. Desde el lejanísimo primer proyecto, allá por 1888 durante el Gobierno de Juárez Celman, hasta la fugaz ley sancionada en 1954 por Perón y derogada por el golpe del año siguiente, nunca llegó a cristalizarse el divorcio vincular sino hasta un siglo después de aquella frustrada tentativa originaria. En esta materia, la Argentina era uno de los países más atrasados del planeta: más de tres millones de personas –por entonces la décima parte de la población- estaban separadas de hecho y no gozaban del derecho de volver a casarse. A partir de la presentación del proyecto en 1986 se desató una polémica, no ya entre dos corrientes de opinión, sino entre dos épocas: un pasado remoto en el que Iglesia y Estado eran una misma y única entidad, y un presente secular y laico en el que transcurría la vida cotidiana de la gente, aunque todavía no se reflejara en la letra de las leyes. Es decir, en los hechos los hombres y las mujeres se unían, en algunos casos vivían en concubinato, en otros se casaban, luego podían separarse, volvían a juntarse a pesar de la condena de la Iglesia y de sus amenazas acerca de lo que significaba “vivir en pecado”. Todos los ciudadanos, fueran de la religión que fuesen o aun no teniendo ninguna, debían someterse al dogma católico. Tuvo lugar entonces una polémica cuyos interlocutores discutían en lenguas diferentes: unos hablaban el idioma del derecho y otros el de la fe. Pero con el agravante de que aquellos que sostenían su convicción en la fe, imponían su credo sobre toda la sociedad por imperio de la Ley. Paradójicamente, el mejor argumento, a favor del divorcio, no lo sostuvo un marxista ateo, sino uno de los más altos dignatarios de la propia Iglesia, Monseñor Justo Laguna: “El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no podemos imponer en una sociedad plural una Ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto”.
Los fundamentos de aquellos que se oponían al divorcio destilaban un anacronismo que no admitía argumentos racionales. De pronto, algunos sacerdotes indignados comenzaron a amenazar con el viejo látigo de la excomunión, tal como en el pasado habían hecho con Juan Domingo Perón. De hecho, Monseñor Desiderio Collino, Obispo de Lomas de Zamora, llegó a excomulgar a los legisladores de su Diócesis que apoyaban la norma. Por su parte, Monseñor Ogñenovich, Obispo de Mercedes, clérigo que seguramente se oponía no ya al divorcio, sino a la rotación de la Tierra en torno del Sol, convocó a una procesión a Plaza de Mayo que sería encabezada por la Virgen de Luján. La Virgen se hizo presente porque fue llevada en andas aunque, como era de esperarse, no se pronunció. Sin embargo, los peregrinos que llegaron por sus medios fueron tan escasos que el propio Ogñenovich, tal vez sin proponérselo, rompió el frente interno al acusar a otros Obispos de complicidad con el Gobierno.
Finalmente, el 8 de junio de 1987, se sancionó la Ley 23515 de Divorcio Vincular. Desde luego la nueva normativa no provocó desilusiones en masa como pronosticaban los agoreros prelados, aunque significó, sí, el divorcio definitivo entre el Presidente Raúl Alfonsín y la Iglesia Católica.
Párrafos extraídos del libro “Pecadores y Pecadoras”, de Federico Andahazi