Durante el siglo XIX se habían fortalecido numerosos grupos aborígenes, y había en la Argentina dos áreas muy grandes, que constituían territorio indígena libre. Una de ellas abarcaba desde la mitad de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, y en algunas partes llegaba desde el Atlántico hasta el Pacífico (en lo que hoy es Chile), incluyendo la Cordillera de los Andes. La otra incluía las actuales provincias del Chaco, Formosa y parte de Salta.
En la segunda mitad del siglo XIX el gobierno argentino, impulsado por los grandes propietarios de tierras, comenzó a hostigar cada vez con mayor fuerza a los pueblos que allí vivían. El objetivo principal era ocupar sus tierras para usarlas en la ganadería. Finalmente triunfaron las ideas de aquellos que pensaban que era mejor expulsar o exterminar a los aborígenes. Lo que no habían realizado los españoles, lo hace el Estado nacional argentino: conquistar los territorios indígenas libres.
El malón
Es muy común hallar en los libros de historia y en la literatura argentina descripciones de los malones como matanzas crueles y sin sentido, llevadas a cabo por los aborígenes contra criollos indefensos. Pero el malón no era diferente, en cuanto a la violencia utilizada, de las «entradas» o «malocas», los ataques de exterminio y robo que desde la época colonial llevaban a cabo criollos o españoles contra asentamientos aborígenes.
Veamos por qué los aborígenes consideraban que era legítimo sacar ganado del territorio que ocupaban los blancos. En la segunda mitad del siglo XIX, el coronel Lucio V. Mansilla relata el siguiente diálogo con un importante jefe aborigen, Mariano Rosas, en su libro Una excursión a los indios ranqueles:
«Me preguntó que con qué derecho habíamos ocupado el Río Quinto; dijo que esas tierras habían sido siempre de los indios (…); agregó que no contentos con eso todavía los cristianos querían acopiar (fue la palabra de que se valió) más tierra. (…)
‘Yo les pregunto a ustedes, ¿con qué derecho nos invaden para acopiar ganados?’
‘No es lo mismo -me interrumpieron varios-, nosotros no sabemos trabajar; nadie nos ha enseñado a hacerlo como a los cristianos, somos pobres, tenemos que ir a malón para vivir.’
‘Pero ustedes roban lo ajeno -les dije-, porque las vacas los caballos, las yeguas, las ovejas que se traen no son de ustedes.’
‘Y ustedes los cristianos -me contestaron- nos roban la tierra’».
La Conquista del Desierto o el «Gran Malón Blanco»
En el área de la llanura pampeana y la Patagonia habitaban grupos que tenían numerosos contactos con los criollos, pero mantenían su libertad: eran los rankulches, pehuenches, tehuelches y mapuches. Los mapuches, incluso, habitaban hasta la costa del Pacífico en lo que hoy es territorio chileno.
Aunque mantenían rivalidades entre sí, estos pueblos habían llegado a organizarse en confederaciones, con jefes y ejércitos, y su comercio con los blancos era muy importante. Tenían gran poder y riqueza, y entre ellos vivían numerosos criollos que habían preferido integrarse con ellos y no con los cristianos. Algunas costumbres se habían asimilado en parte a las de estos últimos, y ciertos aborígenes solían usar las mismas ropas y herramientas y consumían las mismas mercaderías que los criollos. Había varios que hablaban perfectamente el castellano o dormían en camas. Los líderes más importantes, como Calfucurá, de la Confederación de Salinas Grandes, o Sayhueque, jefe de los mapuche del «País de las Manzanas», en el actual Neuquén, tenían secretarios, escribientes y sellos con su firma, o a veces instalaciones ganaderas similares a las de las estancias de los blancos. También recibían diarios y mantenían correspondencia con el presidente.
Muchas personalidades políticas e intelectuales de la época aún consideraban posible la integración de estos grupos por la vía pacífica y la negociación de diferencias políticas; los mismos aborígenes a menudo planteaban su deseo de acordar formas de convivencia, incluso al precio de resignar parte de sus tierras y autonomía.
Un hecho central que amparaba y obligaba a la realización de estos esfuerzos es que la propia Constitución Argentina de 1853, al reconocer como legítimos los pactos preexistentes, reconoció también los tratados anteriores realizados con los pueblos indígenas.
Pero las extensas tierras de los pueblos indígenas, algunas de las mejores del país, eran acechadas por los estancieros de Buenos Aires, que tenían gran poder político y control ideológico sobre el aparato militar.
Luego de lograr la sanción de leyes favorables en el Congreso, en 1879 el general J. A. Roca realiza la mayor campaña militar, trasponiendo las fronteras con los aborígenes para conquistar los territorios del centro y sur del país. Esta se efectúa después de varios años de un sostenido hostigamiento, y se continuará con dos campañas más entre 1881 y 1884.
El ejército nacional contaba con muchos soldados y el armamento más moderno de la época y fue financiado por los estancieros de Buenos Aires, quienes adelantaron dinero a cambio de la propiedad futura de la mayor parte de las tierras que serían conquistadas.
Aunque hacía unos años que los indígenas venían siendo hostigados y atacados, la Campaña del Desierto fue encarada prácticamente como una guerra de exterminio. Los pueblos atacados se defendieron con desesperación, pero el ejército mató a mucha gente, generalmente indefensa, y tomó una gran cantidad de prisioneros. A estos se los encarceló, se los entregó como sirvientes y trabajadores forzados, o se los expulsó a terrenos estériles. Muchos lograron escapar y se mezclaron con poblaciones criollas, o viajaron errantes hasta que cesaron las persecuciones. Esto es lo que los militares y terratenientes argentinos llamaron Conquista del Desierto y los pueblos aborígenes Gran Malón Blanco.
Los territorios que habían ocupado se transformaron en tierras fiscales (del Estado) o fueron entregados a estancieros, jefes militares y soldados. Con el correr de los años, las propiedades chicas son vendidas a muy bajo precio a especuladores, hasta que unos pocos propietarios acumulan las tierras que habían pertenecido a algunos de los más importantes pueblos aborígenes de la Argentina. Este es el origen de las grandes estancias de la Patagonia y de muchas de las de la llanura pampeana. Gran parte de estos territorios han quedado abandonados hasta el día de hoy.
El proceso civilizatorio
En el último cuarto del siglo XVIII, el concepto hegemónico de Estado-nación se articulaba sobre ciertas premisas que terminaron por definir como una política de Estado en la Argentina el ataque a los indígenas.
Estas premisas, incluidas en lo que se entendía como el valor más alto que guiaba la acción del Estado –la civilización– indicaban por ejemplo que:
No podía haber territorios fuera del dominio del Estado, ya que el Estado nacional era la forma más alta de organización social. El Estado necesitaba incorporar dichos territorios para desarrollar el propio, y para evitar que estas sociedades consideradas «inferiores» amenazaran con provocar su disolución.
También era necesario, desde esta óptica, incorporar esas tierras para alcanzar el progreso. El progreso significaba fundamentalmente consolidar una economía de tipo capitalista integrada con el mercado mundial, y establecer un orden social que favoreciera el incremento indefinido de la producción y consumo de mercaderías. También suponía generalizar los valores culturales de las elites ilustradas europeas, vinculadas a los mismos sectores que desde las potencias de Europa del norte controlaban la economía occidental, incluida la americana. El progreso debía también eliminar formas de vida social consideradas primitivas, es decir todas aquellas que se organizaran sobre bases económicas y culturales distintas de las europeas.
La fuerte influencia de estas ideas dio como resultado que se instalara en nuestro país entre los grupos de poder el imperativo de homogeneizar las diferencias culturales en el seno de la población argentina, sobre la base del modelo de ciudadano «civilizado»: blanco, europeo, cristiano, hábil para la agricultura intensiva y el trabajo industrial.
Un «desierto» muy codiciado
Los criollos y militares argentinos llamaban «desierto» al territorio indígena de la llanura pampeana y la Patagonia. Sin embargo, esta área estaba poblada, y tenía tierras fértiles, cuyas pasturas eran capaces de alimentar gran cantidad de ganado.
Esta contradicción es evidente en el nombre Conquista del Desierto dado a las campañas militares: a un verdadero desierto no es necesario conquistarlo, ya que no hay nadie que viva en él.
Por eso, usar la palabra desierto encerraba una gran falsedad, pero no una mentira inocente. Era más bien un modo de justificar la conquista desde el punto de vista humanitario, con el simple trámite de negar la existencia de sus pobladores. Quedó así la argumentación paradójica de la necesidad de conquistar un territorio vacío.
Fronteras, civilización y barbarie
Entre 1853 y 1880 se dictan trece leyes vinculadas a los pueblos indígenas y las fronteras. Estas plasman un modelo de país que tiene como principal proyecto el avance territorial. La expansión sobre el área indígena comienza a argumentarse como legítima marcando a los pueblos aborígenes como sociedades inferiores que retardan y amenazan el camino de progreso imaginado para la nación. Por eso, en el discurso de la época, la frontera es imaginada como la línea o franja que divide la civilización de la barbarie, y se argumenta que es una misión de Estado desplazarla hasta que el territorio nacional solo limite con el de otros Estados nacionales «civilizados». Así, el presidente Roca, luego de concretada la expedición al Chaco en 1885, afirma: «Quedan levantadas desde hoy las barreras absurdas que la barbarie nos oponía al norte como al Sud en nuestro propio territorio, y cuando se hable de fronteras en adelante se entenderá que nos referimos a las líneas que nos dividen de las Naciones vecinas, y no las que han sido entre nosotros sinónimos de sangre, de duelo, de inseguridad y de descrédito» (citado en Tratamiento de la cuestión indígena, Dirección de Información Parlamentaria, 1991).