Por Ley X Nº 15 (antes 3270) fue creado el “Fondo Especial de la Policía del Trabajo”, que establece una tasa del 8×1000 del monto total que los empleadores abonan por todo concepto de remuneración a sus trabajadores en relación de dependencia en el ámbito de la Provincia del Chubut. Esta recaudación, según establece la Ley, pasa a integrar este Fondo de Policía del Trabajo y CAPACITACIÓN LABORAL.
A través de los años, el fondo acumuló miles de millones de pesos aportados por empresarios y comerciantes, de los cuales una gran parte pasó a formar una “caja de recaudación” o “cajita feliz” de montos millonarios para “alegría y felicidad” de los administradores de esos recursos, que no eran otros que los funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Habíamos quedado en reunirnos con dos personas que informarían ya que conocían bien el espurio manejo de esos fondos por los desaprensivos y venales funcionarios de Trabajo que los manejaron y los “direccionaron” según sus conveniencias.
A uno de ellos, joven docente, lo habíamos conocidos ya hace un tiempo cuando nos comentó la llamativa oferta que le habría realizado el ex Director de Recuperación y Promoción de Empleo Rolando “Pato” Linares y que decidió no aceptar porque podría quedar incriminado ya que tendría que dejar un retorno equivalente a la mitad de los CINCO MILLONES ofrecidos.
Preferimos juntarnos, para esta charla, en el acogedor boliche y restaurante Telsen alejados de oídos indiscretos especialmente de los de Picón que en el Touring es todo orejas.
Llegados los amigos conocedores del tema, luego de saludos y presentaciones, el de mayor edad fue directamente al grano y, previo pedido de mantener en reserva su nombre, comenzó a explicar los mecanismos de los retornos, como funcionarían, pasando a detallar los caminos y procedimientos que tienen que seguir las cooperativas y entidades similares para lograr los subsidios.
El señor comenzó explicando que el primer paso para que los integrantes de una cooperativa o entidad similar puedan acceder a un subsidio, generalmente de cinco millones, era presentar un proyecto solicitando fondos para poder desarrollar el mismo.
Este proyecto lo recibía Néstor Quilodrán, que lo recibía y elevaba para conocimiento del superior, el “Pato” Linares, y el propio Secretario. Por lo general al proyecto lo rechazaban y después los funcionarios le hacían una visita a la persona que había presentado el proyecto explicando que se podía rever la decisión siempre y cuando aporte una parte del subsidio que se le iba a otorgar. Los funcionarios “gestores” consideraban razonable un 50% del total de lo acordado ya que no hay que devolver el dinero sino que solamente tienen que armar las rendiciones del subsidio y según los “gestores” es un trámite sencillo porque simplemente hay que adjuntar facturas de compra. Y para facilitarles la tarea recomiendan a una empresa de Rawson que en un tiempo estuvo relacionada con la seguridad y ahora se denominaría GROW-UP, que estaría en condiciones de aportar facturas por cualquier tipo de materiales o equipamiento a justificar.
Este mecanismo resultó tan fácil y rentable que, como siempre sucede, la falta de control y el sentido de impunidad llevó a los funcionarios a profundizar el reparto de “subsidios” para “capacitaciones”, para ello comenzaron a surgir como hongos cooperativas de Trabajo que se registraban con facilidad gracias a la gestión, siempre activa y progresista, de Juan Carlos Arzan, a cargo de Asociativismo y Economía Social.
Con este esquema se empezaron a acelerar la entrega de subsidios a “Cooperativas de Trabajo” de las cuales, salvo aquellas organizadas por sindicatos o entidades serias, son la mayoría truchas.
El más joven de la reunión, que había rechazado oportunamente el “amable ofrecimiento de subsidio” por parte de su conocido “Pato” Linares, redondeó la información dando detalles que reiteraban lo dicho por su compañero, pero que aportaron nuevos condimentos a este escandaloso tema.
Según explicaba reforzando lo contado por su amigo: “Los responsables de manejar los subsidios a las cooperativas eran Cristian Ayala, Tobías Gaud y ‘Pato’ Linares”.
Luego de un instante continuó: “Cuando una cooperativa presentaba un proyecto (en su mayoría eran para dictar capacitaciones laborales: panadería, carpintería, herrería, etc) quien lo recibía en mesa de entrada y se ocupada de chequear que todo esté correcto era el Pato Linares, quien generalmente lo rechazaba con alguna excusa administrativa, técnica o legal y luego visitaban a quienes habían llevado proyectos y les proponían hacerle viable el proyecto que habían presentado pero con la condición de que el 50% del dinero que recibían debían entregárselo a los funcionarios. Con este esquema, hicieron mucha plata durante varios años, porque gran parte de las cooperativas que recibieron fondos de provincia tuvieron que entregar el 50% del monto del subsidio. El problema explota ahora porque el Tribunal de Cuentas está revisando los expedientes de 2022 y 2023 y detecta que los fondos recibidos por las cooperativas, en sus cuentas de Banco del Chubut, eran retirados por ventanilla por los titulares de la cooperativa cuando la ley establece que la cooperativa debe hacer la compra y transferirle los fondos al proveedor, cosa de tener un hilo conductor del destino del dinero. Por este motivo, el Tribunal pide las facturas que respalden lo que supuestamente compraron las cooperativas y casi todas compraron la mitad de las cosas que declararon porque entregaron a los funcionarios la mitad de la plata. Ante este problema, empezaron a aparecer facturas apócrifas “truchas” y quienes aparentemente adulteraban las facturas habrían sido los propios funcionarios para completar el trámite rápidamente”.
Terminando la charla, el joven agregó: “En los últimos años proliferaron las cooperativas de trabajo truchas (una que recibió muchos aportes de la secretaría de trabajo tiene domicilio legal a pocos pasos de la propia Secretaría y quien figura como titular de la misma no sabría leer ni escribir pero lo hacían firmar). La particularidad de estas cooperativas radicadas en distintos puntos de la provincia es que todas compraban el equipamiento para las capacitaciones a una empresa de Rawson que se dedica a seguridad y venta de telefonía, sin embargo facturaba la venta de hornos pizzeros, sobadoras, sierras para carpinterías y lo que la supuesta cooperativa necesitase para realizar la capacitación”.