sábado, 27 de julio de 2024

A menos de 24 horas de alcanzar un entendimiento con los mandatarios de Juntos sobre seis ejes para que LLA se alzara con el dictamen de mayoría, el acuerdo vuelve a correr peligro. Duro cruces entre Luis Caputo y Miguel Ángel Pichetto.

A menos de 24 horas de alcanzar un entendimiento con los gobernadores de Juntos por el Cambio para que La Libertad Avanza se alzara con el dictamen de mayoría para su ley ómnibus, el acuerdo vuelve a correr peligro. Hay un punto clave dentro de los seis que pactaron ayer los jefes provinciales para acompañar con las firmas de sus legisladores en el plenario de comisiones que el Presidente Javier Milei no está dispuesto ahora a conceder.

El clima está cada vez más caldeado entre Nación y las provincias opositoras, aún con aquellas que mantenían diálogo para sacar adelante el megaproyecto de Milei. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a amenazar con ajustar a fondo los recursos que se giran a las provincias.

En un tuit en su cuenta en X, el ministro contó que se había reunido con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias “para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. En rigor, una reacción a los últimos movimientos cruzados de la partida de ajedrez que parece no tener fin entre el Gobierno y los mandatarios provinciales.

“No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, enfatizó.

El diputado y titular de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, no se la dejó pasar y eligió responderle por la misma vía y en términos similares. “El Ministro de Economía @LuisCaputoAR que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, posteó uno de los principales negociadores de las provincias ante La Libertad Avanza.

Más tarde, Caputo le contestó otra vez en el foro virtual: “Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia”, arengó. Y se defendió, respecto a su ausencia en el plenario de comisiones del Congreso: “Tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”.

Por último, dijo que “el tuit (previo) no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan que (SIC) pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”.

Cuál es el nuevo eje de discordia entre los gobernadores y Milei
La discordia se disparó, en las últimas horas, en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, uno de los ejes claves del acuerdo político de seis puntos que habían alcanzado el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, -en nombre de los diez mandatarios provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires de Juntos-, y sus interlocutores en la Casa Rosada horas antes del plenario convocado, originalmente, para las 18. La marcha atrás del Gobierno busca condicionar a los jefes provinciales que pretenden seguir discutiendo cambios a la ley ómnibus en el recinto.

En rigor, la de ayer, martes, fue una negociación a contrarreloj. Desde la mañana, LLA había fijado hora para la cita de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General con el objetivo de dictaminar pero no tenía todavía cerrado el compromiso del resto de los bloques “dialoguistas” para reunir el número mayoritario de firmas para su dictamen.

Allí calaron fuerte los jefes provinciales que venían dialogando con el ministro del Interior, Guillermo Francos, desde las semanas previas, ajustando diversos puntos de la normativa y arrancando modificaciones al Gobierno, como fue con el caso de las modificaciones a la ley de Pesca.

La segunda versión de la normativa, que se difundió el lunes, tampoco les parecía lo suficientemente clara, aunque daba marcha atrás con gran parte de la desregulación del régimen en ese sector y otras cuestiones en torno a los hidrocarburos, entre los artículos más acuciantes.

Por eso, parte de esos ajustes sobre la segunda versión del texto de la ley ómnibus -que ya tenía 139 artículos menos que la original- seguían en debate desde el último fin de semana entre el Gobierno y las provincias capaces de aportarle a LLA el grueso de las y los legisladores. necesarios para rubricarlo.

Dos de los temas más candentes de todos hoy permanecían sin definiciones claras: qué va a pasar con las retenciones y cómo se resolverá la indexación sobre las jubilaciones. Las dos banderas que levantaron los mandatarios de Juntos ante la platea pública. Pero a la par, las provincias buscaban morigerar la pérdida de recursos de Nación a sus distritos, en concepto de menos coparticipación, obra pública y transferencias directas.

Para los jefes provinciales, la lista de compromiso libertaria que eximía a 35 economías regionales listadas en un Anexo no bastaba. También querían remover la totalidad de las actividades afectadas -particularmente las industriales- y el compromiso del Gobierno de que no se avanzaría sobre el resto del universo de las economías locales. Eso no prosperó.

A cambio, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor presidencial Santiago Caputo -que relevó a Francos, en la definición del trazo fino del acuerdo- concedieron a las provincias otros seis puntos que significaban recursos clave, a modo de compensación por otros quites.

Uno de esos puntos era el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que en la versión original de la ley ómnibus figuraba en el artículo 226. Allí se consignaba “la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional” y se facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para “adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.

En la reversión de la ley ómnibus, difundida el lunes en los emails de las y los legisladores, se ampliaba el artículo sobre el FGS y se dejaba constancia que “para poder vender las participaciones accionarias provenientes del fondo que ya hayan sido transferidas al Tesoro Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

Se trata de la comisión establecida en la Ley N 23.696 que “deberá considerar las condiciones de mercado”. Asimismo, consignaba que los recursos obtenidos de la venta de las participaciones accionarias no podrían ser utilizados para un destino diferente al sistema de seguridad social.

Fuente: El Cronista

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