El conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sumó un nuevo capítulo. El secretario general del gremio, Luis Núñez, cuestionó duramente al empresario Fernando Álvarez Castellano, a quien acusó de pretender contratar trabajadores con salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo y de promover condiciones laborales que, según denunció, están fuera de la ley.
“Lo que él pretende es que la gente le firme por menos de lo que está establecido en el convenio, y pretende que acepte eso porque está necesitada”, sostuvo el dirigente sindical.
Núñez explicó que el gremio realizó presentaciones ante las autoridades provinciales de Trabajo y Pesca, además de poner en conocimiento de la situación al gobernador Ignacio Torres, con el objetivo de evitar que el conflicto se profundice cuando comience la temporada pesquera.
Según señaló, la preocupación surge de las manifestaciones del propio empresario, quien habría advertido que podría paralizar su flota o no poner en funcionamiento las plantas si no se aceptan sus condiciones. “Nosotros no podemos estar a los humores de alguien o a expensas de alguien que pretenda hacer las cosas fuera de la ley”, afirmó.
Denuncias por salarios y condiciones laborales
El secretario general del STIA aseguró que Conarpesa pretende implementar modalidades de contratación que no respetarían los acuerdos vigentes en la actividad.
En ese sentido, acusó a Álvarez Castellano de querer introducir figuras similares a las que, según denunció, utiliza en Santa Cruz. “Él quiere pagarle menos a los trabajadores, quiere que aparezcan figuras que no son cooperativas, son pseudocooperativas en fraude laboral, como él tiene trabajando en Caleta Paula”, sostuvo Núñez.
También cuestionó antecedentes de la empresa vinculados con el pago por producción. Según su versión, Conarpesa comenzó respetando los kilos establecidos por cajón, pero posteriormente habría incorporado excedentes sin reconocer ese trabajo adicional en las remuneraciones.
El sindicalista aseguró que esa situación provocó reclamos de empleados que realizaban mayores tareas que en otras empresas, pero percibían salarios inferiores.
La promesa de incorporar mil trabajadores
Uno de los puntos centrales de la controversia es el anuncio de Álvarez Castellano sobre la posibilidad de incorporar una importante cantidad de personal durante la próxima temporada.
Núñez señaló que actualmente, según los números mencionados por el propio empresario, Conarpesa no tendría más de 120 empleados, aunque proyectaría alcanzar los mil trabajadores. “Ojalá, porque le da solución a un montón de gente”, expresó, aunque inmediatamente aclaró que la generación de empleo no puede justificar el incumplimiento de las condiciones salariales.
El dirigente advirtió que permitir remuneraciones inferiores a las establecidas en el convenio también perjudicaría a las demás empresas pesqueras que cumplen con sus obligaciones. “Hay también hasta una competencia desleal, intentar pagarle menos, que es lo que este hombre pretende”, afirmó.
El gremio controlará los contratos antes del inicio de la temporada
Núñez precisó que el STIA verificará los contratos que Conarpesa suscriba con los trabajadores que incorpore para determinar si respetan las condiciones establecidas en el convenio colectivo.
Además, solicitó una audiencia con las autoridades laborales y la participación de la cámara empresaria firmante de los acuerdos salariales.
El objetivo, explicó, es que los organismos competentes establezcan formalmente cuáles son las obligaciones de la empresa antes de que comience la actividad.
El dirigente también mencionó que los sindicatos marítimos SOMU y SICONARA mantienen reclamos vinculados con la liquidación del aguinaldo y que, según su versión, Conarpesa habría condicionado la salida de sus embarcaciones al desistimiento de esas demandas.
El titular del STIA también respondió a las acusaciones de Álvarez Castellano sobre supuestas maniobras de extorsión sindical. “Exigirle que cumpla con la ley no es ninguna extorsión, ni nuestra ni de los compañeros de las otras organizaciones sindicales”, afirmó.
Respecto de una causa judicial originada en un reclamo de trabajadores de la empresa, Núñez explicó que inicialmente había sido archivada por la Fiscalía, pero que el empresario impugnó esa decisión y un juez formuló observaciones sobre el procedimiento.
El dirigente aclaró que esa intervención judicial no implica una acusación contra los trabajadores y rechazó que exista una causa que respalde las denuncias de extorsión formuladas por el empresario.
Finalmente, insistió en que la intención del sindicato es evitar un conflicto que comprometa el inicio de la temporada pesquera.
“Lo que nosotros queremos es que cumpla con la ley, porque no es solamente solucionar la necesidad de la gente que hoy está sin trabajo, sino cumplir con el convenio colectivo como cumple el resto de las empresas”, concluyó.
Nota elaborada en base a declaraciones a LU20