jueves, 29 de febrero de 2024

El sector empresario y los gremios que representan la actividad de la pesca y la industria naval a nivel nacional expresaron su rechazo “enérgico” a las modificaciones a la ley ómnibus que incorporó el gobierno nacional sobre esta actividad que aporta u$s 2000 millones por año en exportaciones.

En la negociación con bloques opositores los funcionarios de Javier Milei, entre los cambios en relación al Régimen Federal de Pesca, aceptaron mantener “la obligación de desembarcar en Argentina”; se definió que el sistema de licitaciones no va a ser internacional y se aseguró que se mantendrían los requisitos actuales respecto a la tripulación local.

Aun así, al ver las novedades que se fijaron en la sustitución del artículo 7 de la Ley 24.922 por el 242, en 18 incisos, el malestar y el rechazo caló profundo. Los empresarios plantearon que es una “aberración” mientras los gremios sostienen que “la modificación a la pesca jamás debería haber estado incluida en la ley ómnibus”.

Aunque se sustituyó la licitación “internacional” por “nacional”, la objeción principal recae en el sistema de cuotas que genera sobrexplotación, primarización y caída de las exportaciones, entre otros riesgos como la mayor conflictividad, concentración económica y el efecto negativo “inmediato” en la industria naval.

Rechazo unánime

La Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa) y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera emitieron un comunicado en el que advirtieron que la pesca argentina está “en máxima alerta” por la continuidad de la licitación de cuotas, la modificación de la Ley Federal de Pesca 24.992 y el aumento de impuestos.

En el mismo sentido se manifestaron desde la Cámara de la Industria Naval, al rechazar “enérgicamente” la nueva modificación de la Ley Federal de Pesca. “Tal como habían anticipado las cámaras y gremios de todo el país, había que estar atentos y no pensar que eliminando las reformas a los artículos 25 (descargas en puertos extranjeros) y 40 (uso de tripulación extranjera) y cambiando licitación internacional por nacional, el tema estaría solucionado”, señaló la entidad.

En coincidencia, distintas agrupaciones expresan que los cambios propuestos, ponen en riesgo miles de puestos de trabajo y la continuidad de pequeñas y medianas empresas pesqueras y navales.En el sector gremial la repercusión también fue negativa.

“En los últimos años, se generó un caladero sustentable ambientalmente y sostenible económicamente lo que generó una renovación de flota casi permanente”, describió Mariano Vilar delegado del Sindicato de Conductores Navales (Siconara) y expresó que “no existen razones para modificar la ley” sino que se puede generar mejoras en el marco de su funcionamiento.

“La única manera de que los trabajadores nos aseguremos la continuidad de los puestos de trabajo es que los permisos de pesca continúen en manos de quienes operan hoy”, dijo Pablo Trueba, secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), sobre esta decisión que pone en riesgo la inversión del sector privado.

Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el secretario General Mariano Moreno opinó que “la propuesta aniquilaría el sector pesquero en toda su dimensión, no solo el personal embarcado sino todas las actividades conexas”.

Si la polémica desregulación avanza, arrasaría con 300 plantas pesqueras y 800 buques de bandera argentina, agregó.

Contradicciones

Domingo Contessi, titular del astillero marplatense que fundó su padre hace casi un siglo, destacó los cambios como como “Contradictorios e insuficientes”

“Hablan del aporte del sector y es solamente el canon de extracción que lo fija el Consejo Pesquero donde el Poder Ejecutivo tiene mayoría; si vos pensás que el sector recauda poco no necesitas modificar una ley, simplemente, aumentás el canon”, explicó y aclaró que “en algunos segmentos la pesca pierde plata porque la carga tributaria es enorme”.

El Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca) indicó que “las reformas propuestas van en sentido contrario de lo que propone el propio proyecto de ley en su artículo 2”.

En ese sentido, destacó que “el sistema de licitaciones de cuotas que se propugna no se aplica como método de asignación en ningún país del mundo (excepto muy contadas excepciones y para fracciones de cuota muy limitadas), y que las consecuencias de aprobar esas reformas pueden ser muy graves para la sustentabilidad en todas sus dimensiones, para el empleo en áreas costeras muy sensibles, y para el propio erario público”.

Fuente: El Cronista

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