El informe del renombrado economista Raúl Prebisch, solicitado por Lonardi, fue presentado a Aramburu a comienzos del 56. El ex presidente del Banco Central y alto funcionario de la Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL) enjuiciaba con severidad la política económica del peronismo, especialmente la labor del IAPI y los aumentos indiscriminados de salarios. Recomendaba sostener una moneda sana para evitar recaer en la inflación, fortalecer las exportaciones, en especial las agropecuarias, para superar las dificultades de la balanza de pagos e incorporarse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para restablecer el crédito y obtener financiación. Esta incorporación que Perón se había negado a adoptar fue decidida por Aramburu. Se devaluó el peso, se desnacionalizaron los depósitos bancarios, se suprimieron los controles comerciales y se estimularon las exportaciones.
Pero los resultados conseguidos en el mediano plazo no fueron satisfactorios. La inflación de 1957 llegó al 19%, frente al 6% del período final de Perón. Las exportaciones agropecuarias mejoraron, pero en un contexto de precios internacionales deteriorados, sin comparación con los de diez años antes. En ese sentido, la Argentina parecía haber perdido definitivamente la oportunidad de crecer.
Más tarde se analizaría en los círculos académicos el “caso argentino” como un fenómeno único de deterioro y decadencia de una de las economías más promisorias del mundo hacia 1945. Por otra parte, si bien bajó la participación de los asalariados en el ingreso nacional, luego de los altos niveles alcanzados, el gobierno militar no podía exagerar en la materia porque necesitaba asegurar la paz social y los votos en las próximas elecciones, donde se presumía el triunfo del radicalismo por amplio margen. En consecuencia, el ministro de Economía Eugenio Blanco, un socialista de prestigio profesional, atendió los reclamos de aumentos de salarios y, contra la opinión del grupo de funcionarios arios y economistas liberales más caracterizados (Álvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena y Federico Pinedo), no bajó el gasto estatal ni se privatizaron las empresas públicas.
El gobierno debía asimismo conformar las exigencias de equipamiento y altos salarios de las tres armas y en esto cada una tenía pretensiones costosas que generaban celos y rivalidades. En cuanto a la apertura de las importaciones, significó el ingreso de más artículos de consumo que bienes de capital, con lo que la industria mantuvo su carácter poco competitivo a escala internacional. Seguía habiendo muchas industrias pequeñas necesitadas de protección estatal.
Tales problemas de base, sumados a los odios ideológicos y a las persecuciones políticas, impidieron encontrar soluciones de fondo. Los argentinos se negaban a ir “a las cosas” como años atrás lo había recomendado Ortega y Gasset. En el imaginario colectivo el país seguía siendo rico y la solución mágica al conflicto se reducía a un simple cambio de figuras en la cúpula, los “amigos”, naturalmente. De esta realidad falseada partirían nuevos enfrentamientos cada vez más dolorosos.
Texto de “Historias del País y de su gente” – María Sáenz Quezada