La crisis del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo de incertidumbre y amenaza con trasladarse a los tribunales. Mientras el municipio intenta encontrar una salida tras el frustrado intento de firmar el contrato con Grupo MR, las dos empresas involucradas en el conflicto anticipan acciones judiciales que podrían derivar en millonarios reclamos contra la administración municipal.
Por un lado, Patagonia Argentina mantiene impugnada judicialmente la licitación que adjudicó el servicio a MR. Por el otro, si el municipio decide retroceder en el proceso o declarar desierta la licitación, la propia empresa adjudicataria tendría argumentos para iniciar una demanda por los perjuicios ocasionados.
Patagonia sostiene que la licitación fue “amañada”
El abogado de Patagonia Argentina, José María Ferreyra de las Casas, fue contundente al referirse al proceso licitatorio. “Esto ha sido un proceso licitatorio muy amañado”, afirmó, al tiempo que recordó que la adjudicación realizada por el municipio no se encuentra firme debido a las impugnaciones judiciales que presentó la empresa.
Según explicó, para Patagonia el procedimiento administrativo podrá haber concluido, pero la discusión continúa en los tribunales. “Patagonia Argentina ya impugnó todo eso. Ya están impugnados todos los actos administrativos que han conducido a esta situación”, señaló.
Ferreyra de las Casas sostuvo además que la empresa aceptó colaborar con una nueva prórroga para garantizar que la ciudad no quede sin transporte, aunque aclaró que lo hace bajo determinadas condiciones vinculadas al acceso a la información y a las responsabilidades que asuma el municipio durante este período de transición.
“La ciudad no puede quedar sin servicio por culpa de Patagonia”, afirmó.
Un reclamo de 37 millones de dólares
El aspecto más delicado del planteo de Patagonia aparece en el eventual reclamo económico. El abogado reveló que la empresa ya realizó cálculos sobre los daños y perjuicios que podrían derivarse del proceso licitatorio.
“Lo que hemos puesto como cálculo de lucro cesante son 37 millones de dólares”, indicó.
Ferreyra de las Casas advirtió además que, si la Justicia termina anulando la licitación, el municipio deberá afrontar las consecuencias jurídicas de los actos realizados durante el proceso. “Si Patagonia Argentina logra su objetivo, va a haber una sentencia judicial que va a anular todo ese trámite. A partir de ese momento, la municipalidad tendrá que resolver la situación que se le genera con este contrato y afrontar los daños y perjuicios que le va a reclamar Patagonia Argentina”, sostuvo.
Incluso fue más allá al señalar que, según su interpretación de la Constitución provincial, los perjuicios ocasionados por errores de gestión deberían ser afrontados por los funcionarios responsables y no por los contribuyentes.
El riesgo de una segunda demanda
La situación se vuelve aún más compleja para el municipio porque una eventual marcha atrás en la adjudicación tampoco garantiza una salida sin conflictos. El propio Ferreyra de las Casas reconoció que, si estuviera en el lugar de Grupo MR y el municipio decidiera dejar sin efecto la adjudicación o convocar a una nueva licitación, también iniciaría acciones judiciales.
“Si yo estuviera en la situación de MR, obviamente que iniciaría las acciones pertinentes”, sentenció.
Ese escenario dejaría a la administración de Othar Macharashvili atrapada entre dos litigios de sentido opuesto: Patagonia reclamando la nulidad de la licitación y MR exigiendo el cumplimiento de la adjudicación obtenida.
Un conflicto sin salida clara
La caída de la firma del contrato con MR, los cuestionamientos sobre la documentación exigida por el municipio, las impugnaciones judiciales y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio colocaron al Ejecutivo municipal en una situación cada vez más compleja.
Mientras Patagonia mantiene su ofensiva judicial y MR analiza los pasos a seguir tras el frustrado desembarco en el sistema de transporte urbano, el escenario más probable parece ser una prolongación de la incertidumbre.
Por ahora, la única certeza es que el conflicto dejó de ser exclusivamente administrativo y amenaza con convertirse en una batalla judicial de largo alcance, con costos económicos que podrían terminar impactando sobre las arcas municipales durante los próximos años.