Los recientes movimientos en la empresa pesquera Fyrsa de Rawson están bajo la lupa de los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a partir que tomó estado público un repentino cambio de manos del paquete accionario de la compañía. La planta de procesamiento arrastra un largo historial de conflictividad laboral y se encuentra en concurso de acreedores.
Desde hace menos de un mes, Fyrsa tiene nuevos dueños. En la ciudad de Puerto Madryn se celebró el pasado 27 de septiembre el contrato de cesión de acciones, donde Marcelo Figueroa y Daniel Rodríguez cedieron el 100% de la empresa en favor de Karen Paola Mariel Velázquez, una joven domiciliada en la calle Corrientes del barrio Sarmiento de Trelew, y Tomás Oliver, el veterano empresario pesquero y hotelero de Rawson.
Según trascendió de fuentes confiables, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) tuvo un rol protagónico en la operación, ya que dirigentes de esa entidad habrían sido, en parte, gestores del cambio de manos de la sociedad. En el contrato en cuestión, aparece representando a los compradores, un letrado que patrocina y representó al gremio en el comité de crisis de la empresa.
En tanto, el brazo político que habría traccionado, con llamativa celeridad, la transferencia de la empresa, vendría de la mano del ministro de Gobierno de la provincia, Cristian Ayala, de fluidos vínculos con Oliver.
Apenas tomó las riendas de la pesquera, Oliver anunció públicamente que le pidió al ministro Ayala que se disponga de un permiso de pesca provincial para la planta, porque de lo contrario sería “inviable”, al tiempo que advirtió que la firma tiene demasiado personal en relación de dependencia, alrededores de 260 trabajadores, y hasta sugirió que otras empresas deberían “colaborar” reubicando a determinada cantidad de obreros. Sobre este punto, el STIA no haría objeciones, que FyRSA haga un fuerte achique de personal. Al menos hasta ahora, ha mantenido un llamativo silencio.
Con todo, la AFIP es uno de los principales acreedores de la empresa, tanto por deuda incluida en el concurso y deuda acumulada post concursal. Los planes de pago se habrían caído y, en esas circunstancias, FyRSA estaría en serio riesgo de quiebra, ya que se configurarían los requisitos para que algún acreedor la solicite. El organismo intenta escudriñar sobre los pormenores de la operación de transferencia de acciones, historial, solvencia, antecedentes comerciales, laborales y fiscales de los nuevos dueños de la pesquera de Rawson. También trascendió que los propietarios de la empresa se habrían quejado por las presiones recibidas para que se desprendan de las acciones, pero no hubo denuncia formal por esa presunta coacción.
El contrato de cesión de acciones, al que accedió REVISTA PUERTO, se firmó en una reconocida escribanía de Puerto Madryn. De allí surge, en una de las cláusulas firmadas que, “los cesionarios (Velázquez/Oliver) han manifestado su interés en adquirir el 100% de las acciones de la sociedad, a fin de realizar en el futuro los aportes proporcionales a su participación accionaria en la sociedad propiedad de los cedentes (Figueroa/Rodríguez), y éstos han manifestado su interés en ceder dicha participación accionaria”.
“Los cesionarios conocen el estado actual, económico, financiero, concursal, laboral y fiscal de FyRSA y que se encuentran interesados en la adquisición de la totalidad de las acciones correspondientes al capital accionario de la sociedad (…) Las partes, como así también el nuevo directorio a tal fin es designado al cargo de presidente, Tomas Oliver, y director Titular, Karen Paola Mariel Velázquez, cursarán todas las comunicaciones y realizarán todos aquellos actos que resulten necesarios con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 60 de la Ley 19.550 y sus modificaciones como así también aprobar la gestión del directorio saliente y los EECC pendientes de tratamiento”, indica otro parte del articulado del instrumento que permitió la transferencia accionaria.
Respecto a las participaciones accionarias quedaron distribuidas en la siguiente proporción: “Carlos Tomás Oliver: 275.000 acciones, que representa el 25% del Capital Social de FyRSA. Karen Paola Mariel Velázquez: 825.000 acciones, que representan el 75% del Capital Social de FyRSA”.
Así las cosas, hoy la planta pesquera de Rawson está paralizada. La empresa fue comprada con un millonario pasivo y el primer pedido al gobierno, de parte de los nuevos dueños, es que le cedan un “permiso de pesca”. Los casi trescientos trabajadores no han cobrado las últimas cuatro quincenas y es incierto su futuro.
Fuente: Revista Puerto