La Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, encabezada por su presidente Sebastián Aguirre, denunció al médico psiquiatra Marcelo Raúl Soria por la presunta emisión fraudulenta de certificados médicos, lo que habría permitido que numerosos trabajadores obtuvieran licencias sin que existiera una justificación real para ello.
“El certificado en sí no es apócrifo, lo que es apócrifo es el diagnóstico y el tratamiento que permite que gente inescrupulosa, y más inescrupuloso aún el profesional de la salud, haga mal uso de su profesión y de su matrícula”, afirmó Aguirre. La investigación se basó en denuncias recurrentes de asociados a la Cámara y en pruebas recabadas a lo largo de los últimos dos años.
La acusación contra Soria se fortalece con un video que circula en redes sociales, grabado por un particular damnificado, en el que se evidencia cómo el profesional emite un certificado sin realizar ninguna evaluación médica. “El video muestra a una persona que se acerca al consultorio de este profesional y plantea que necesita una licencia porque quiere probar otro trabajo sin perder su empleo actual”, detalló Aguirre. “Queda explícito que se cobra por la expedición de un certificado para una patología inexistente y con un tratamiento que nunca se llevó a cabo”.
Según la denuncia, los tiempos de licencia concedidos guardaban relación directa con el monto de dinero abonado. “A más plata, más tiempo”, explicó el titular de la Cámara de Comercio. En el video en cuestión, el costo de una licencia de 30 días ascendía a 20.000 pesos, una cifra que, según Aguirre, “hoy nos resulta irrisoria”.
El impacto de estas prácticas afecta directamente a los empleadores, ya que deben afrontar el pago de salarios y cargas sociales sin recibir contraprestación laboral. “No solo genera un perjuicio económico, sino que también perjudica a los compañeros que deben cubrir las funciones de la persona que no está. En algunos casos, incluso hay que contratar a un reemplazo”, señaló Aguirre.
La Cámara Hotelera y Gastronómica de Comodoro Rivadavia también reportó problemas similares entre sus asociados, lo que derivó en la apertura de una encuesta permanente para reunir testimonios sobre licencias por patologías psiquiátricas. “Recibimos 48 respuestas iniciales y notamos que el 40% tenía empleados con licencia psiquiátrica. De ese grupo, el 50% de las licencias habían sido emitidas por el mismo profesional”, detalló Aguirre.
La causa judicial ya está en marcha y actualmente se están desarrollando medidas probatorias, entre ellas una pericia caligráfica. “Sabemos que estas cosas suceden y lo que hicimos fue reunir la mayor cantidad de pruebas posibles para impulsar la causa”, concluyó Aguirre.