Don Antonio Oneto permaneció en el cargo de comisario cuatro o cinco años. A él le siguieron dos o tres que no dejaron ninguna impresión, ni de bueno, ni de mal gobierno. Pero en 1881, el gobierno nombró a don Juan Finoquetto como comisario del valle del Chubut. Era un hombre con personalidad. Decía Matthews: “Era de mucho sentido común, pero muy ambicioso”, y según la opinión de otros colonos: “Era un hombre de estrechos conocimientos”.
Junto a este nombramiento, el gobierno nacional envió también un secretario, un subprefecto de puerto, un jefe de Aduana y un grupo de policías. Quizás, estas autoridades y órdenes secretas dieran al comisario Finoquetto más autoridad para ir incorporando la Colonia a las instituciones nacionales.
Creyó en un principio que podía gobernarlos con mano fuerte y esto lo llevó a ciertos fracasos. No percibió o no quiso entrever que tenía que gobernar a una Colonia donde la mayoría desconocía por completo las instituciones argentinas y su lengua. Por lo tanto, se tenía que enfrentar con un ambiente cerrado y no era fácil cambiar viejas costumbres por nuevas a las que no querían adaptarse. El envío de estos agentes puso intranquilidad en la Colonia. Las asambleas resultaban azarosas ante la diversidad de opiniones. En este momento llegó al Chubut la primera imprenta y gracias a ella la aparición del semanario Ein Breiniad (Nuestros Derechos). Su dueño fue Lewis Jones y como el mismo comenta, la que venía a “ventilar las divergencias respecto del derecho administrativo de la Colonia, y protestar contra la tiranía oficial”.
No es de extrañar que la Colonia viera con inquietud todo este cambio administrativo. Hasta ese momento, su única sujeción a Buenos Aires fue en lo referente a la ayuda que el gobierno les daba y, últimamente, al intercambio de productos con Buenos Aires.
El gobierno nacional, por su parte, no podía dejar en el abandono estas costas, máxime sabiendo las intenciones chilenas que aspiraban a la soberanía patagónica.
El 28 de marzo de 1879 tres diarios de Buenos Aires, quizá cargando un tanto las tintas, transcribieron el siguiente comunicado: “En la nave Santa Cruz se ausenta hacia el Chubut el subdelegado del puerto, señor Alejandro Vivanco, acompañado por el sargento Cándido Charneton y los marineros guarda costas Rodolfo Murat y Alejandro Gascón. El citado subdelegado lleva consigo abundantes armas, con el propósito de imponer sumisión a las autoridades argentinas a los colonos galeses que hay allí”.
Tampoco era muy extraño, que tanto la opinión pública como el gobierno argentino, recelaran de los galeses. Hasta ese momento, es decir, después de 14 años, no habían dado un solo paso hacia su integración nacional.
Poco tiempo estuvo Vivanco al frente de la subdelegación del puerto. En su corto desempeño tuvo que enfrentarse con la Colonia. Encarceló a uno de los colonos y en su informe a las autoridades expresa: “Es menester conocer esta Colonia a fondo para comprender la difícil situación de un funcionario que no tenga los medios para imponer el respeto a sus órdenes. En primer término, los habitantes acostumbrados a regirse solos demuestran una naturaleza muy insubordinable”.
Cualquier cercenamiento de los derechos o libertades comunales obtenidos o mejor dicho, consentidos desde un principio por las autoridades argentinas, producía dentro de la familia galesa, una reacción que terminaba irremisiblemente en notas de protesta ante el gobierno nacional.
Con fecha 22 de noviembre de 1879, dirigieron una a cuyo pie iban treinta y cuatro firmas, por la “violencia del capitán del puerto” por haber arrojado en “la forma más cruel” en prisión por espacio de diez días, a uno de los colonos, según esa nota, por haber cometido una infracción. No se hizo el juicio reglamentario, agregan y se hallaron los derechos de la Colonia. Al mismo tiempo, como si se dirigieran de potencia a potencia, quieren que se les explique qué motivos tienen para violar sus derechos y qué medidas se piensa tomar para defenderlos. Todo esto iba contra Vivanco.
Petit Murat, que reemplazó en el cargo a aquél, recibió a su vez, con fecha 12 de abril de 1879, órdenes precisas: “Para cumplir -dice la nota- eficazmente con su tarea no vacile en aplicar los recursos de que dispone atendiendo inmediatamente a cualquier medida que crea necesaria, como la conveniencia de remover al juez, aumentar el número de soldados o, si a usted le parece, una corporación”.
Al tener conocimiento la Colonia de esta carta y temiendo perder toda su autonomía, el Consejo se dirigió a las autoridades nacionales para que aclararan ciertos puntos, como si la Capitanía del Puerto tuviera, además de las obligaciones del puerto, autoridad para intervenir en la legislación local. Sugieren al gobierno “la conveniencia de reconocer a las autoridades locales -para ellos la verdadera representación de la población, y por último solicitar el consejo y la dirección del gobierno, en todos los casos que éste estime necesario”.
Fragmento del libro “La colonización galesa en el valle del Chubut”, de Bernabé Martínez Ruiz