La investigación contra Martín Castro por el video en el que se lo ve recibiendo 12 millones de pesos para supuestamente entregárselos a la fiscal Julieta Gamarra enfrenta un punto crítico: la desaparición del teléfono clave podría dejar al expediente sin pruebas suficientes para avanzar.
El fiscal de Trelew, Omar Rodríguez, confirmó que en los allanamientos realizados en domicilios particulares, un vehículo y el estudio jurídico del abogado no se logró secuestrar el dispositivo que los investigadores consideran central para reconstruir las comunicaciones vinculadas al hecho. “No se secuestró el teléfono que nosotros buscábamos, que era el teléfono de Castro”, explicó.
La situación se volvió aún más compleja a partir de lo ocurrido en el primer procedimiento. Castro entregó un celular que fue inicialmente incorporado como evidencia, pero luego se comprobó que no era el que utilizaba. “Ese aparato no era el que estaba él utilizando en el momento del hecho y con anterioridad, sino que entregó en teléfono de un pariente”, detalló Rodríguez, en base a información aportada por la empresa telefónica.
Recién después de esa verificación, el abogado admitió que el teléfono que usaba habitualmente “se había roto” y que lo había descartado. “Él manifiesta que ese teléfono se le rompió y se descartó, que no sirvió más”, indicó el fiscal.
Rodríguez evitó afirmaciones categóricas, pero dejó planteada la sospecha: “Podría ser una treta, claramente, pero yo no tengo forma de asegurarlo”. Esa falta de elementos también le impide avanzar sobre una posible figura de entorpecimiento de la investigación.
El interés de la Fiscalía en ese dispositivo no era menor. “En los teléfonos celulares quedan rastros, registros de llamados, audios, mensajes, fotos que nos pueden arrojar algún indicio”, explicó Rodríguez, al señalar que esa evidencia podía ser determinante para confirmar o descartar la hipótesis de un presunto cohecho.
En paralelo, el fiscal subrayó un dato central que sostiene el expediente: la autenticidad del video y el reconocimiento del propio Castro. “El video no se discute… él reconoce que eso existió, que esa entrega existió, que el monto existió, el lugar también”, afirmó, confirmando que la escena ocurrió tal como se observa en las imágenes, aunque el abogado intenta justificar el dinero como pago de honorarios.
Sin el teléfono, la investigación queda condicionada. El propio Rodríguez lo planteó sin rodeos: “A veces pasan cosas como esta, desaparecen las evidencias… y si no puedo confirmar, lamentablemente no se puede avanzar por falta de elementos”.
El expediente, que en un primer momento generó un fuerte impacto por la contundencia de las imágenes y la admisión del propio Castro, ahora enfrenta un obstáculo central. La ausencia del celular -justificada por una rotura y posterior descarte- introduce una limitación probatoria que puede resultar determinante.
Pero el punto más sensible es otro. Aun sin ese dispositivo, la causa no necesariamente queda sin herramientas. Existen alternativas concretas para avanzar: reconstrucción de comunicaciones a través de registros de la empresa telefónica, análisis de copias en la nube de Google, WhatsApp e iCloud, peritajes sobre el teléfono de la mujer que entregó el dinero, eventuales cruces con el celular de la fiscal mencionada en el video o incluso rastreo de movimientos financieros.
En ese contexto, la advertencia del fiscal sobre la posibilidad de que la causa no avance por falta de pruebas abre un interrogante más profundo: si efectivamente se agotaron todas las líneas de investigación disponibles o si la desaparición de un teléfono terminó funcionando, en los hechos, como un límite prematuro para una causa que, por su gravedad institucional, debería llegar hasta el fondo.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20