El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, manifestó su preocupación por la facilidad con la que actualmente se puede acceder a permisos para la tenencia legal de armas de fuego y advirtió sobre la falta de controles posteriores por parte de los organismos nacionales encargados de fiscalizar a los legítimos usuarios.
Según explicó, la digitalización de los trámites y la flexibilización de algunos procedimientos facilitaron la obtención de credenciales para adquirir armas, mientras que los controles sobre quienes las compran resultan insuficientes. “Todo es virtual, pero además acá no se hacen controles”, sostuvo el funcionario, quien señaló que existen investigaciones en marcha para determinar cómo algunas personas adquieren armas legalmente para luego venderlas o alquilarlas a terceros. “Las compran y las venden o las alquilan”, afirmó.
Para ilustrar la situación, Iturrioz reveló dos casos detectados por los investigadores. Uno de ellos involucra a una ama de casa que, pese a no contar con ingresos que justificaran ese nivel de compras, había adquirido nueve armas de fuego. Cuando su vivienda fue allanada, no se encontró ninguna de ellas. “La allanamos y no tenía ninguna, las vende”, aseguró el ministro. El segundo caso corresponde a un hombre que compró 22 armas en los últimos años y que tampoco tenía ninguna en su poder cuando fue investigado, luego de que algunas armas registradas a su nombre aparecieran vinculadas a hechos ilícitos.
Para el titular de la cartera de Seguridad, estos casos evidencian la existencia de personas que actúan como intermediarias para que otros accedan a armas sin quedar registrados como compradores. “La gente va y tiene a estas personas que pueden adquirir armas y, a través de ellos, las obtienen”, explicó. De esta manera, quienes terminan utilizando las armas no figuran en ningún registro oficial.
El ministro señaló además que existen dudas sobre la rigurosidad de algunos controles previos a la emisión de las credenciales de legítimo usuario. Mencionó casos en los que personas sin ingresos acreditados habrían obtenido autorización para comprar armas y puso en duda la autenticidad de algunas certificaciones exigidas para completar el trámite. “Yo dudo que esta señora haya hecho práctica de tiro porque nunca fue a ningún polígono y algún instructor le firmó la habilitación”, cuestionó.
Frente a este escenario, Iturrioz destacó la necesidad de fortalecer las inspecciones y recordó que la provincia firmó un convenio con el Registro Nacional de Armas para colaborar en tareas de fiscalización. “Los afectados somos nosotros”, afirmó, al remarcar que las consecuencias de estas irregularidades terminan impactando directamente en la seguridad pública.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20