En cuestión de días quedaron expuestas dos decisiones del Gobierno nacional que avanzan en una misma dirección de apertura al capital extranjero. Primero volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que establecía límites para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Ahora, el Ejecutivo puso en marcha un programa mediante el cual extranjeros podrán solicitar directamente la ciudadanía argentina a cambio de aportes o inversiones que parten de los 350.000 dólares.
El denominado Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina fue anunciado oficialmente el viernes pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week realizada en París. Según informó el propio Gobierno, comenzará a recibir solicitudes durante el último trimestre de 2026.
El mecanismo contempla dos alternativas. Un extranjero podrá solicitar la ciudadanía realizando un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o suscribiendo un título público por USD 800.000, creado específicamente para este programa. Es decir, en el primer caso los 350.000 dólares no constituyen una inversión recuperable sino un aporte que queda directamente en manos del Estado.
El beneficio puede extenderse además al grupo familiar. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años —siempre que sean solteros y no tengan hijos— deberán realizar un aporte de USD 100.000 cada uno, mientras que para los menores de 18 años será de USD 25.000. De acuerdo con el ejemplo brindado oficialmente, una pareja con dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía argentina por un total de USD 500.000.
La posibilidad de obtener la nacionalidad a través de inversiones no surgió ahora. El Gobierno había modificado en 2025 el régimen de ciudadanía y posteriormente reglamentó el procedimiento mediante el Decreto 524/2025. La normativa establece que los extranjeros que acrediten una “inversión relevante” pueden solicitar la ciudadanía sin importar el tiempo que lleven residiendo en la Argentina. Hasta entonces, el criterio general para la naturalización contemplaba un requisito de residencia.
El lanzamiento se produce apenas días después de otra modificación de fuerte impacto sobre los extranjeros: volvió a quedar operativa la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, dispuesta por Javier Milei mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Esa ley establecía que las tierras rurales en manos extranjeras no podían superar el 15% del territorio nacional, provincial o municipal, además de imponer otros límites por nacionalidad y por titular.
La derogación había quedado frenada judicialmente, pero el 29 de septiembre la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del DNU. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la causa, carecía de legitimación para promover esa acción. De esta manera, volvió a tener efectos la derogación de la Ley de Tierras y dejaron de regir aquellos límites específicos a la propiedad extranjera.
El Gobierno sostiene que el programa busca atraer capitales, fortalecer la posición fiscal y financiera del país y promover la integración internacional. Además, asegura que quienes soliciten la ciudadanía deberán superar controles sobre identidad, antecedentes penales, origen y trazabilidad de los fondos, situación patrimonial e historial migratorio, con intervención de organismos como la SIDE y la Unidad de Información Financiera.