Alejandro Papaiani, referente del movimiento de vecinos de Rawson autodenominado Celeste y Blanco, lanzó fuertes cuestionamientos contra la intervención de la Cooperativa Eléctrica y aseguró que, después de meses reclamando información sin obtener respuestas, la Justicia hizo lugar a un amparo que obligaría al interventor a entregar documentación sobre su gestión.
“Después de muchos meses de luchar para obtener información de qué es lo que está ocurriendo con la intervención, no lo pudimos lograr a través del interventor. Le hemos cursado muchísimas notas para que nos reciba, para que nos informe. No hemos recibido respuesta alguna”, sostuvo Papaiani.
Según explicó, el movimiento recurrió a la Justicia amparándose en la legislación de acceso a la información pública y obtuvo una resolución favorable de la jueza Amorina Úrsula Testino.
“El socio, que somos los dueños de la cooperativa, no tuvimos nunca una información oficial por parte del interventor”, señaló. Y aclaró que el reclamo excede al sector que representa: “Que haga una conferencia de prensa, que hable con los periodistas y nos informe”.
Incluso recordó que anteriormente habían recurrido a la Justicia Federal y que la Cámara Federal había determinado que los informes elaborados por la intervención eran públicos. Sin embargo, aseguró que nunca pudieron acceder a ellos.
“Los informes del interventor son públicos, pero nunca los obtuvimos. Nosotros nunca los vimos. Eso debería estar al acceso de todo el mundo”, afirmó.
La falta de información adquiere mayor relevancia, según Papaiani, por la delicada situación económica de la Cooperativa. Uno de los puntos sobre los que reclamó precisiones es el acuerdo firmado con CAMMESA para afrontar la deuda de la entidad.
De acuerdo con el dirigente, se sabe que la primera cuota vencería en diciembre, pero desconoce cuánto deberá pagar la Cooperativa y con qué periodicidad tendrá que hacerlo. “De Rawson sabemos que la primera cuota vence en diciembre. No sabemos cuál es el monto, si van a ser mensuales, bimestrales, semestrales o anuales”, cuestionó.
Pero Papaiani introdujo además otra denuncia: aseguró que durante la intervención se incorporaron ocho trabajadores y que otros seis estarían próximos a ingresar. “Nos hemos enterado, todo extraoficialmente, que han ingresado ocho personas en una empresa que está quebrada, supuestamente, y ahora esta semana entrarían seis más”, sostuvo.
El dirigente puso el foco tanto en el impacto económico que representarían esas 14 incorporaciones como en la procedencia de los trabajadores. Según la información que dijo haber recibido, varios serían de localidades vecinas.
“¿Está la empresa en condiciones de ingresar personal cuando está quebrada? Y segundo: si hay un puesto de trabajo, ¿no lo merece la gente de Rawson?”, planteó. Y agregó: “Me han informado que entraron familiares de alguno de los interventores”, afirmó.
También cuestionó el costo que representarían las nuevas incorporaciones teniendo en cuenta los salarios correspondientes al sector eléctrico, cargas patronales, aguinaldos, vacaciones y otros adicionales.
En ese contexto, Papaiani apuntó contra distintos actores y habló directamente de una supuesta “complicidad” alrededor del manejo de la Cooperativa.
“Yo creo que hay una complicidad acá, que me disculpen todos, pero hay complicidad entre el poder concedente, entre la intervención y el sindicato. Yo creo que hay una complicidad entre todos”, disparó.
El dirigente también reconoció la grave situación heredada de administraciones anteriores y recordó la deuda de aproximadamente $2.700 millones correspondiente a fondos que, según se señaló durante la entrevista, habían sido cobrados a los usuarios pero no transferidos al Gobierno provincial.
Sin embargo, sostuvo que precisamente el objetivo de la intervención debía ser ordenar la entidad y cuestionó que, después de casi dos años, continúe sin conocerse públicamente cuál es su situación económica e institucional.
“Esta intervención vino por seis meses y va a cumplir ahora 22 meses”, insistió.
La preocupación inmediata está puesta en el vencimiento de la actual prórroga. Papaiani aseguró que la intervención tiene plazo hasta el próximo 9 de octubre y sostuvo que, para que los socios puedan recuperar la conducción de la Cooperativa, la convocatoria a elecciones debería producirse prácticamente de inmediato.
“Si no llaman a elecciones estos días, quiere decir que la intervención va a continuar”, advirtió.
Consultado sobre cuándo debería realizarse la convocatoria para llegar con los plazos, respondió: “Hoy o mañana”.
Para Papaiani, si eso no ocurre, el escenario prácticamente quedaría definido: “Quiere decir que la van a patear al 31 de diciembre y ahí vamos a ver”.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20