Oscar “Cacho” Antonena se muestra públicamente como el gran gestor que consiguió créditos por $ 1.500 millones para renovar el parque automotor de la policía de la provincia, el cual se encuentra en estado deplorable porque este gobierno lleva 7 años sin renovación ni inversiones.
Lo que el Ministro de Economía omite decir es que ese dinero forma parte de un leasing deberá pagarse a 5 año con tasas de interés que, como mínimo, serán del 69 por ciento anual. Dicho de otro modo, este gobierno está comprando vehículos por $ 1.500 millones con préstamos que deberán devolver los dos gobiernos que le sigan. Compramos hoy, nos llevamos los laureles por renovar el parque automotor y que las deudas las pagan los que vengan. Perfecto para Arcioni, pero una mochila de plomo para la provincia y los gobernantes que sucedan a esta gestión.
¿Tomar créditos y endeudarse es la única manera que tiene el gobierno para comprar vehículos? La respuesta claramente es no. Solo en 2022 el gobierno de Mariano Arcioni destinó $ 567.622.905 a la compra de vehículos para las distintas reparticiones oficiales, la mayoría de ellos son utilizados para el traslado personal de los funcionarios del gabinete.
El Ministerio de Educación compró 6 vehículos por $ 54.377.315, la Secretaría de Gobierno adquirió 2 camionetas 4×4, una SUV 4×4 y un auto sedan con baúl por $ 42.580.000; Lotería se hizo de 6 camionetas 4×4 y de un camión por $ 114.000.000; Jefatura de Policía compró 7 camionetas por $ 54.581.750.
Por su parte, el Ministerio de Infraestructura adquirió dos camionetas 4×4 por un valor de $ 27.000.000, el Servicio provincial de manejo del fuego compró vehículos pesados por $ 169.023.000, la Secretaría de Modernización se hizo de una camioneta por $ 12.954.940; la Dirección de Rentas compró 3 camionetas y un utilitario por $ 40.105.900; la Secretaría de Trabajo, una camioneta 4×4, un auto sedan y un utilitario $ 25.000.000; y el Ministerio de Turismo desembolsó $ 28.000.000 para comprar dos camionetas y un utilitario.
Todas las operaciones se realizaron a través de licitaciones públicas o compras directas con fondos de los presupuestos de cada organismo. Queda a las claras que los funcionarios adquieren vehículos nuevos todos los años, vehículos que por lo general no son cuidados y terminan rotos, chocados o volcados. Basta con recordar el caso del ministro de Seguridad, Miguel Castro, quien destruyó dos camionetas en menos de 6 meses de gestión.
En cambio, la policía lleva 7 años de desinversión, el último en renovar la flota fue Martín Buzzi a finales de 2015, ni Mario Das Neves ni Arcioni invirtieron en vehículos y hoy las consecuencias están a la vista: los pocos móviles que quedan comisarías están viejos y destartalados.
Si el gobernador hubiese destinado a lo largo de estos años un poco del dinero que sus funcionarios gastan en la compra de vehículos a la compra de móviles policiales, seguramente el parque automotor de la fuerza de seguridad sería otro y los chubutenses no deberíamos endeudarnos por 5 años pagando intereses elevadísimos.
