Luego de las reiteradas quejas del concejal de Comodoro Rivadavia Pablo Bustamante por la falta de transparencia en el sistema de fotomultas que administra el municipio, el fiscal Miguel Criado Arrieta tomó el caso y realizará una denuncia formal ante la posibilidad de los delitos de estafa y defraudación por un sistema que no estaría funcionado desde su presentación hace 3 años pero que el municipio abona religiosamente todos los meses.
El sistema de fotomultas supuestamente comenzó a operar el 23 de marzo de 2022 con 16 dispositivos habilitados en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, denuncias que desde su implementación, no se han registrado multas ni detección de infracciones, lo que genera dudas sobre su efectividad y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Bustamante es uno de los principales impulsores de la investigación sobre el tema, denunciando la falta de transparencia en los pagos efectuados a la empresa Speed Radar Tech SRL y la incertidumbre sobre la operatividad del sistema. “Hicimos el pedido de informes, pero no nos respondieron, y la situación no avanzaba. Estuve buscando la apelación con el secretario de gobierno, pero no obtuvimos respuesta”, señaló el concejal, quien en agosto de 2024 solicitó formalmente información al municipio sin éxito.
El sistema de fotomultas de Comodoro Rivadavia había sido anunciado con el objetivo de mejorar la seguridad vial y sancionar a los infractores con multas de hasta 140 mil pesos. No obstante, en tres años de funcionamiento, no hay constancia de que el sistema haya operado correctamente, mientras que la municipalidad sigue abonando mensualmente un canon a la empresa Speed Radar Tech SRL, encargada de prestar el servicio.
Bustamante calificó la intervención del fiscal como un paso positivo, al considerar que es necesario esclarecer el destino de los fondos públicos. Sin embargo, lamentó que la municipalidad haya seguido abonando a la empresa sin verificar la efectividad del servicio. “No puedo decir dónde están ubicadas, entiendo que no están funcionando como deberían. Queremos saber qué es lo que se está pagando”, expresó el concejal.
El principal punto de conflicto radica en los pagos continuos a Speed Radar Tech SRL, sin que exista evidencia de que las cámaras estén operativas. “La realidad es que la empresa tiene el contrato desde hace tiempo, y no sabemos cómo se está ejecutando el servicio”, advirtió Bustamante. La falta de información sobre el estado y la ubicación de los dispositivos alimenta las sospechas de irregularidades en la gestión municipal de este sistema de control de tránsito.
Desde el Concejo Deliberante, algunos ediles han manifestado su preocupación por la falta de controles y seguimiento en la implementación del sistema, y han solicitado que se brinden explicaciones públicas sobre los pagos efectuados y la supuesta operatividad de las cámaras. “Es un tema de interés público que involucra fondos municipales, y la ciudadanía merece conocer si este servicio está funcionando o si estamos ante un caso de mala gestión”, concluyó Bustamante.