El conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) escaló este fin de semana luego de que la empresa despidiera con causa a 39 empleados que participaron de la ocupación de las oficinas administrativas de la planta de Puerto Madryn. La firma sostiene que los trabajadores ingresaron por la fuerza al establecimiento, intimidaron al personal y protagonizaron una toma ilegal de las instalaciones, mientras que los dirigentes sindicales sostienen que se trató de un reclamo para exigir el cumplimiento de un acuerdo por el ingreso de personal temporario.
Los telegramas enviados por Conarpesa indican que los despidos obedecen a la participación de los empleados en la irrupción ocurrida el 15 de julio. La empresa sostiene que el ingreso forzado a las oficinas, las amenazas al personal administrativo y la interrupción de la actividad constituyen una “injuria de tal gravedad” que impide continuar con la relación laboral. Además de las cesantías, los 39 trabajadores fueron denunciados penalmente por presunta violación de la propiedad privada, ingreso por la fuerza, intimidación y amenazas. Las denuncias también alcanzan a dirigentes del STIA, entre ellos José “Pepe” Díaz, Osvaldo “Robotito” González y Oscar “Tito Corazón” Hughes.
Antes de concretar las desvinculaciones, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, había anticipado públicamente que llegaría “hasta las últimas consecuencias” y que analizaría tanto acciones penales como laborales contra los involucrados. El empresario afirmó que el episodio marcó un límite que no estaba dispuesto a tolerar.
Álvarez Castellano denunció que unas treinta personas ingresaron por la fuerza a las oficinas de la empresa mientras el personal administrativo -en su mayoría mujeres- trabajaba en el lugar. Según su versión, los manifestantes exigían el alta temprana de 85 trabajadores y lanzaron amenazas, entre ellas la frase: “O nos vamos de aquí con el alta temprana o nos llevamos una cabeza”.
El empresario aseguró que la Policía debió intervenir para controlar la situación y posteriormente decidió paralizar la actividad administrativa para preservar la seguridad del personal. También rechazó la explicación brindada por el STIA, que sostuvo que los trabajadores únicamente reclamaban el cumplimiento de un compromiso asumido previamente para reincorporar personal.
Álvarez Castellano afirmó que la postergación del inicio de la temporada hasta el 1 de agosto ya había sido comunicada a todos los empleados mediante mensajes de WhatsApp, debido a obras de ampliación que se realizan en la planta.
Uno de los ejes más duros de sus declaraciones fue la comparación con la desaparición de Alpesca. El presidente de Conarpesa responsabilizó al secretario general del STIA, Luis Núñez, de intentar repetir ese escenario. “Si Luis Núñez se cree que yo soy Alpesca, que me va a echar como echó a Alpesca, a mí no me va a echar.”
También sostuvo que el conflicto responde a una disputa personal impulsada por el dirigente sindical. “Es un tema personal de Luis Núñez conmigo, de querer aleccionarme como hizo con Alpesca.”
Según el empresario, ceder frente a este tipo de acciones pondría en riesgo los 2.100 puestos de trabajo que, afirma, genera actualmente Conarpesa.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20 e información del portal Parte de Pesca