jueves, 29 de febrero de 2024

El conflicto pesquero entre el Sindicato Unidos Argentinos  y los empresarios del sector parece no tener fin. La semana pasada, la justicia dictó un mes de prisión preventiva para 5 de los principales dirigentes gremiales del SUPA por presunta extorción.

El abogado Nicolás D’Albora, quien representa a Raúl Cereseto, uno de los empresarios denunciantes,  explicó que “esto no fue una denuncia contra el SUPA, esto fue una denuncia contra miembros del SUPA que están utilizando sus cargos sindical para llenarse los bolsillos personales. La denuncia fue por extorsión y vamos a agregar en nuestro pedido de constitución como querellantes el delito de asociación ilícita porque creemos que llegaron al SUPA no con el objetivo de defender a los trabajadores sino para tener una organización criminal que les permita llenarse de plata los bolsillos”.

En la denuncia presentada, Cereseto expresa que los dirigentes les pedían dinero, que era depositado en sus cuentas personales, a cambio de no parar la actividad portuaria. Según el abogado, “llamó la atención, que uno de los imputados (Alexis Gutiérrez) reconoció los pagos que recibió y los justificó argumentado que se hacían ‘a través de un uso y costumbre’, o sea, que reconoce que es un pago que no tiene un respaldo legal”.

Y agregó: “De hecho hay mensajes de texto de WhatsApp que dicen ‘dame la mía, deposítame la mía’. Están las transferencias, son pagos bancarizados a las cuentas particulares/ personales de los imputados, uno tiene que interrelacionar esos pagos con los mensajes WhatsApp, donde aprietan/ intimidan para que esos pagos se realicen, y cuando no se realizaron en tiempo y forma, no permitieron trabajar. Si eso no es una extorsión, un delito… A mí me llama mucho la atención, por más que se haya repetido en el tiempo y en los años, cosa que no estoy diciendo que haya sido así, no justifica el delito que se cometió en el presente”.

Además de la prisión domiciliaria para los miembros del SUPA, la justicia abrió una investigación formal por un plazo de 6 meses. “El mínimo del delito de extorsión son cinco años de prisión. O sea que de haber una condena incluso en el mínimo es de cumplimiento efectivo, el máximo a los que tienen una sola extorsión son 10 años, y los que tienen dos es el máximo de 20 años” detalló D’Albora.  

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