La frustrada firma del nuevo contrato de concesión del transporte público de Comodoro Rivadavia derivó en una crisis política, administrativa y judicial que sacudió al municipio de Othar Macharashvili y dejó abierto un escenario de enorme incertidumbre a menos de dos semanas del vencimiento de la actual concesión.
La empresa Transportes MR, adjudicataria del nuevo sistema, confirmó que recurrirá a la Justicia contra el Municipio luego de que el Ejecutivo decidiera frenar la firma del contrato que debía poner en marcha el nuevo esquema desde el 1° de junio.
El conflicto escaló rápidamente y ya provocó fuertes tensiones dentro del gabinete municipal, al punto que al menos dos funcionarios pusieron sus renuncias “a consideración” del intendente.
La caída de la firma
El Municipio sostiene que MR no logró acreditar requisitos considerados “excluyentes” dentro del pliego licitatorio, principalmente vinculados a la titularidad de las unidades que debían prestar el servicio.
Además, desde el Ejecutivo señalaron supuestas inconsistencias en documentación relacionada con garantías, seguros, ART, infraestructura operativa y la absorción del personal de la concesionaria saliente.
“Me dejó un sabor amargo y estoy enojado todavía”, reconoció públicamente Macharashvili, quien responsabilizó directamente a la empresa por el fracaso de la firma.
Desde MR, en cambio, sostienen exactamente lo contrario. La empresa asegura que toda la documentación había sido presentada en tiempo y forma, que incluso existían validaciones administrativas previas y que los colectivos ya estaban disponibles para comenzar a operar.
La firma afirma haber adquirido unas 95 unidades 0 kilómetro para el nuevo servicio y considera que el Municipio modificó criterios administrativos a último momento.
Judicialización y amenaza de denuncia
Tras el fracaso de la firma, la relación entre ambas partes quedó completamente rota.
Los representantes de MR confirmaron que avanzarán judicialmente contra el Municipio y evalúan incluso denunciar personalmente al intendente.
La empresa buscará impugnar la decisión del Ejecutivo, defender la adjudicación ya otorgada y reclamar daños y perjuicios por las inversiones realizadas para poner en marcha el sistema.
El conflicto amenaza ahora con paralizar nuevamente todo el proceso licitatorio mediante medidas cautelares o presentaciones judiciales, algo que ya ocurrió meses atrás cuando la adjudicación debió postergarse por impugnaciones empresariales.
Rumores de renuncias y crisis interna
La caída de la concesión no sólo abrió un frente judicial, sino también una fuerte crisis política dentro del gobierno municipal.
Durante las últimas horas circularon versiones sobre posibles salidas de funcionarios vinculados al área de transporte y reuniones de urgencia con trabajadores del sector.
Aunque el Municipio salió públicamente a desmentir cambios en el gabinete, el propio secretario de Gobierno, Sergio Bohe, admitió que tanto él como otros funcionarios tienen sus renuncias “a consideración” del intendente.
La situación generó fuerte malestar dentro del Ejecutivo porque la nueva licitación había sido presentada por Macharashvili como uno de los principales proyectos de modernización del sistema de transporte urbano después de más de dos décadas de prórrogas a las concesiones históricas.
Incertidumbre laboral y presión sindical
La crisis también encendió alarmas entre los trabajadores del transporte.
Choferes y empleados de Patagonia Argentina comenzaron a movilizarse ante el temor de perder puestos laborales con el desembarco de MR.
Incluso trascendió que unas 90 personas podían quedar afuera del nuevo esquema operativo.
En ese contexto, el viceintendente Maximiliano Sampaoli buscó llevar tranquilidad y aseguró que los puestos laborales “están garantizados con cualquier empresa”.
Sin embargo, reconoció que existe una fuerte incertidumbre porque el contrato vigente vence el 31 de mayo y todavía no existe una solución definitiva para garantizar la continuidad del servicio.
El fantasma de otra prórroga
Con el calendario corriendo y el conflicto judicial en puerta, el Municipio ya analiza alternativas de emergencia para evitar una crisis en el transporte urbano.
Entre las opciones aparece nuevamente una prórroga para Patagonia Argentina, algo que varios sectores políticos ya daban por posible incluso antes de la caída de la firma.
La situación dejó expuesta la fragilidad de un sistema que lleva más de veinte años funcionando mediante extensiones contractuales y conflictos recurrentes entre el Municipio, las empresas y los trabajadores.
Ahora, con la concesión caída, una empresa dispuesta a judicializar el proceso y el gabinete municipal bajo presión, Comodoro vuelve a enfrentar el riesgo de quedar atrapado en otra larga transición sin solución de fondo para el transporte público.