Cualquier parecido con algunos municipios del Chubut es pura coincidencia.
La concepción aristotélica indica que “la política es el arte de lo posible” y la administración del intendente Pablo Grasso y su Secretario de Hacienda, Diego Robles, desconoce cómo hacer política con lo posible.
El Secretario de Hacienda municipal, luego del rechazo en el Concejo Deliberante de la Tasa Vial con el gravámen del 4% sobre por litro de nafta, salió por medios de comunicación de la ciudad a explicar de manera poco convincente y contradictoria, por qué el municipio “necesita” ampliar su base recaudatoria para compensar lo que Pablo Grasso “escuchó decir a Milei”, sobre la suspensión de los fondos de la obra pública.
Diego Robles sin hacer de la política un arte, tuvo la poca creatividad de recurrir a la creación de un impuesto más, sobre una población empobrecida por estos gobiernos decadentes que solo han tributado inflación y mayor carga impositiva sobre los atribulados contribuyentes, aludiendo que se viene un recorte de fondos, pero sin advertir que Javier Milei aún no asumió; es decir, que sería un impuesto por adelantado, una tasa “por las dudas”; lo que no explica Robles ni Grasso es qué pasaría en caso de que Milei diera marcha atrás con el proyecto de la suspensión de la obra pública?. Obvio, el 4% a las naftas jamás se bajaría.
La otra gran falacia de Diego Robles, más imperdonable aún porque es economista, es decir (como dijo) que como el aumento va a las naftas super e infinia y no al gas oil, ese del 4% no impactará en el aumento de los insumos, porque el transporte es gasolero exclusivamente (¿?).
Este argumento no solo juega en contra del profesionalismo de Robles, sino que se constituye en una subestimación a la inteligencia de los vecinos de Río Gallegos; es de una infantilidad supina razonar de esa manera para argumentar en favor de la aplicación de una tasa vial absolutamente confiscatoria y por supuesto inflacionaria, dado que al elevarse el valor del combustibles, sea cual sea el tipo, todos los productos y servicios aumentarán indefectiblemente en la ciudad.
El Secretario de Hacienda no hizo ningún tipo de autocrítica, sobre cómo y por qué el municipio de Río Gallegos es absolutamente dependiente de los fondos nacionales para funcionar y tampoco los motivos que llevan al intendente a depender de ayuda externa, no solo para la obra pública como dijo Robles, sino para el pago de los salarios y los aguinaldos, entre otras cosas de funcionamiento ordinario.
Dos más dos, siguen siendo cuatro
Sin ser master en economía, ni siquiera ser un simple contador público, cualquiera puede entender la base del problema y darse cuenta que tanto Robles como Grasso, ocultan datos cuidadosamente, a la hora de hacer declaraciones y los periodistas se preocupan de no molestarlos con esas preguntas inconvenientes o planteos que no deberían estar ausentes de una propuesta periodística de este tipo.
Si el municipio no puede hacer frente a sus compromisos es porque se encuentra sobredimensionado, tiene un déficit descomunal y vive y sobrevive por la ayuda nacional/provincial.
Si el intendente hiciera una administración austera, dejara de incorporar gente como lo hizo en estos 4 años, no contratara gente que luego quedan en planta, como sucede rigurosamente cada vez que se va uno y viene otro en la comuna local, seguramente la municipalidad tendría mucho más fondos para distribuir en obras e infraestructuras que en salario.
Con 120 mil habitantes en Río Gallegos, el municipio tiene aproximadamente 7.000 empleados y un 10% o 12% contratado, monotributista o con trabajo precario. El Calafate, municipio administrado por un intendente del mismo color político de Grasso, tiene 501 empleados; todos trabajan, cobra los mejores sueldos de la provincia, el intendente Javier Belloni no necesita fondos para funcionar y a lo sumo las obras nacionales requieren asistencia del gobierno central, pero la infraestructura local la encara por propia administración.
Si la excusa para justificar un municipio superpoblado es la cantidad de habitantes que alberga la localidad, El Calafate tiene entre 25 y 30 mil habitantes. Si traspolamos los números y calculamos cada 30 mil habitantes 500 empleados, Río Gallegos no debería tener más de 2.000 trabajadores municipales; a Grasso y Robles les sobran 5.000. Puesto así, queda claro que el problema no es la falta de fondos, es la mala distribución, la falta de prioridad que se les da y cómo se utilizan.
Coherencia por favor
En las mismas declaraciones públicas, Robles pintó un panorama muy sombrío sobre la administración municipal por la decisión de nuevo presidente en materia de política económica pero paralelamente mandó al Concejo Deliberante la aprobación de un proyecto para la creación de 11 subsecretarías, una por cada Secretaría existente en el municipio.
Las Subsecretarías que Grasso y Robles pedían crear y no fue aceptada por los ediles son: Subsecretaría de Hacienda, Subs de Coordinación Ejecutiva, Subs de Gobierno, Subs Planificación y Obras, Subs Construcción y Ordenamiento Territorial, Subs Gestión Legal y Técnica, Subs Producción Comercio e Industria, Subs Niñez, Adolescencia y Familia, Subs de Desarrollo Comunitario, Subs de Salud Pública y Subs de Deportes.
Sin duda la creación de estas subsecretaría está claramente orientada a dar cobijo a personas del FPV que debido a la salida del poder tanto a nivel provincial, como nacional, decidieron colocarlos dentro de la estructura municipal de Río Gallegos, donde al menos constitucionalmente, el intendente Pablo Grasso tiene cuatro años más de gestión.
Una vez más el Secretario de Hacienda, subestimando a la gente de esta ciudad a quienes les quieren hacer pagar sus propios pecados administrativos, trató de explicar que no es así, que las subsecretarías solo “serían habilitadas” pero de ninguna manera eso implica que los puestos “fueran a ser ocupados”; una verdadera tomada de pelo y para reforzar el mensaje del miedo, Diego Robles dudó que puedan pagar los aguinaldos de diciembre, ya que los últimos tres aguinaldos lo hicieron con fondos de déficit de Nación.
Por otro lado, en el mismo sentido del contramensaje permanente que viene dando el intendente, al mismo tiempo que pide imponer una tasa del 4% a las naftas y extraoficialmente se adelanta un impuestazo de más del 100% en patentes, tasas y contribuciones para el 2024, está preparando los festivales de fin de año, a valores supermillonarios.
Recientemente cuando estuvo en campaña, hizo un reparto millonario de fondos indiscriminados a clubes, sociedades de fomentos y Juntas vecinales en barrio de esta capital, dinero que sale de los fondos discrecionales que recibe de la Nación y que teme no recibir nunca más.
Es decir, que el temor de Grasso es a perder la caja, aquella que le permite dilapidar dineros públicos en obras que caen en manos de sus amigos empresarios, los fondos que le permitieron hacer la campaña política, festivales “gratis” y nadie lo denunció y la plata que le permite tapar el inmenso déficit que ha creado en un municipio mal administrado, usado como agencia de empleo y Unidad Básica y no como un organismo administrador del Estado y de servicio a la población.
Fuente: Opi Santa Cruz