El viernes venció el plazo para la presentación de “Proyectos Pesqueros” para la asignación de los nuevos permisos de pesca creados por la Ley IX N°157. Casi simultáneamente se conoció un fallo de la Cámara de Apelaciones de Trelew que rechazó el ‘amparo ambiental’ interpuesto por el dueño de una planta pesquera que pedía suspender el otorgamiento de las licencias hasta que hubiera un estudio de impacto ambiental.
Con estos dos elementos, el Gobierno de Chubut tendría la intensión de imprimirle ‘celeridad’ al reparto de los permisos en danza, y en el corto plazo se firmarían las Resoluciones de otorgamiento por parte de la Secretaría de Pesca, organismo facultado por la nueva ley para tal fin.
QUÉ ES ESTO
No es licitación. Porque no reúne los requisitos mínimos que una convocatoria de este tipo exige.
No es Concurso Público. Porque no se trata de un llamado en forma pública para que se formulen propuestas técnicas y/o económicas.
Es una “invitación cerrada” firmada por un funcionario para que presenten proyectos y fue notificada a través de una “comunicación”. El secretario de Pesca, José Gabriel Aguilar, envió la nota N° 46/2023 dirigida exclusivamente a “los representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP)”; no fue una convocatoria abierta dirigida a todo el sector pesquero de Chubut.
La nueva Ley de Pesca de Chubut IX N°157 en su Artículo 34° cambió la cantidad de permisos existentes creando 3 nuevos de flota amarilla, 3 nuevos de flota artesanal y creó 1 sexto VACOPA (permisos experimentales que eran para estudiar el Variado Costero Patagónico, que solamente pescaron langostino en todo su historial, y de un plumazo adquirieron estatus de permisos de flota amarilla).
Ese Art. 34° indica que “los permisos de pesca provinciales serán renovados y otorgados por la Autoridad de Aplicación conforme el Art. 13 inciso c)”, el cual a su vez precisa que esas facultades son conferidas a la Secretaría de Pesca Provincial.
La Ley de Pesca de Chubut IX N°157 no está reglamentada, al día de la fecha.
QUÉ PEDÍAN (FORMALMENTE)
La nota que Aguilar giró a la CAPIP dice que “se abre un periodo temporal y perentorio de diez días hábiles para la presentación de proyectos pesqueros sin excepción alguna, por lo que deberán realizar la presentación del proyecto hasta el día 17 de marzo de 2023”.
El funcionario de Mariano Arcioni señaló que debían dar cumplimiento a los siguientes puntos: “Descripción operativa del negocio; Instalaciones en tierra; Descripción de la planta; Planos de la planta; Certificados y habilitaciones nacionales e internacionales; número de establecimiento SENASA; Descripción de su flota pesquera (si la tuviera; capacidad de producción diaria y capacidad de frío; expedición de producto, marcas y etiquetados; Principales clientes y mercados; cantidad de empleados con Nómina 931 de AFIP; Antigüedad de las instalaciones en la Provincia y Empresas o grupos de empresas al que pertenece su actividad productiva”, esos son todos los datos que las empresas interesadas en acceder a un permiso de pesca debían presentar.
REQUISITOS Y EXIGENCIAS
La ley aprobada en la madrugada del 23 de diciembre pasado puso tres requisitos para los tres nuevos permisos de flota amarilla, a saber: “a) Empresas que se encuentren radicados en la Provincia del Chubut, con un mínimo de 5 años. b) Empresas que efectivicen un mínimo de 80 empleados; c) Empresas que no sean, ni hayan sido titulares de permisos de pesca otorgados por la Provincia del Chubut”.
Aunque allí, la Ley IX N°157 en el Art. 34° inc. 1.1. aporta otro requerimiento interesante a tener en cuenta: “el excedente de permisos será otorgado por la Autoridad de Aplicación en el marco de la presente Ley y conforme prevea la reglamentación”. Al día de la fecha la norma no está reglamentada, y si fue dictada, permanece en el más estricto hermetismo. Cabría preguntarse aquí, a modo de ejercicio, si la entrega de los permisos se hace sin previa reglamentación no dejaría ‘viciado’ el acto administrativo, ya que se vulneraría el ‘espíritu del legislador’ que lo dejó expresamente mencionado.
ENTRE LA TRANSPARENCIA Y LA FARSA
Si esto no es una licitación, ni tampoco un concurso público. Quién discrecionalmente le sube o baja el pulgar a cada proyecto presentado. Quiénes integran la ‘comisión evaluadora’ -si existiera- que decidirá qué empresa recibe los permisos.
Ergo, se está frente a un andamiaje administrativo, que aporta transparencia a la entrega de licencias, cuyo valor de mercado, es de varios millones de dólares, o se trata de una ‘farsa’ compulsa pública para repartir licencias previamente digitadas.
El tiempo, no muy lejano, echará luz sobre estos interrogantes que hoy flotan en el sector, pero circulan bajo un silencio ensordecedor.
SOSPECHAS DE DIRECCIONAMIENTO
A pocos días de sancionada la Nueva Ley de Pesca, Jorge Daniel Dorado, exfuncionario de la Municipalidad de Rawson, envió una nota al secretario de Pesca, José Aguilar, y remitió copia al Jefe de la Unidad Anticorrupción, Fiscal Omar Rodríguez, y al Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, en la cual planteó inquietudes respecto a que “los nuevos permisos se entregarán sin que medie contraprestación económica”. Técnicamente, quién resulte beneficiario de los permisos no deberá pagar nada ‘al Estado’, salvo el canon de extracción e impuestos, pero una vez que ya los usufructúe.
“¿Cuál es el motivo por el cual se los tienen que seguir otorgando gratuitamente y por qué la provincia no buscaría dividendos y beneficios para el propio Estado?”, le preguntó Dorado a Aguilar.
Luego le alertó al funcionario que “me aseguraron que los permisos ya tendrían dueños de antemano y serían, por supuesto según trascendidos y charlas de distintos ámbitos, beneficiadas las siguientes empresas: Food Partners Patagonia SA, y las multinacionales Iberconsa de Argentina SA y Pescapuerta SA”, detalla la misiva que tuvo ingreso en la Secretaría de Pesca, la Fiscalía de Estado y la Unidad Anticorrupción.
“Por otro lado, el permiso de la modalidad conocida como VACOPA, estaría destinado a la empresa Pesca Ecoprom SRL y se gestionaría, conforme a fuertes trascendidos, a través de un importante asesor comodorense del Gobernador”, añadió la nota firmada por Jorge Dorado.
Si bien el escrito no tiene estatus de denuncia, a nadie escapa que obra como antecedente, al que se puso de sobre aviso al Ministerio Público Fiscal.
BARRO Y SOMBRERO
Unos veinte proyectos se habrían presentado hasta el viernes pasado en la cartera de Pesca. A última hora, Iberconsa, una de las empresas que se mencionaba como posible beneficiaria de antemano, se habría bajado y desistido de acceder a un permiso de Chubut, a pesar que cumple sobradamente con los requisitos que marca el texto de la ley. El fondo norteamericano que controla la compañía habría analizado los pro y los contra de entrar en este proceso que podría derivar en un verdadero lodazal jurídico.
Por otro lado, abonando este tipo de evaluaciones, sobre este histórico reparto de permisos de pesca, una fuente del sector de irreprochable crédito, que pidió estricto resguardo de identidad, reflexionó: “No hay garantías que los permisos prosperen a largo plazo. Hay que poner dos millones de dólares. Este Gobierno tiene el boleto picado y se van en ocho meses. Rafael Fortunato pasa el sombrero para la corona y después no hay a quién reclamarle”, razonó certero, sumando intriga, a una saga de final abierto.
CAMINO A LA JUDICIALIZACIÓN
Con todo, la convocatoria no abierta a toda la industria pesquera chubutense ha generado malestar en diferentes ámbitos de la actividad, que se consideran con plenos derechos de ‘competir’ por el acceso a una licencia que les permita acceder al recurso, pero ni siquiera fueron invitados.
Al día siguiente de la firma de las Resoluciones de la Secretaría de Pesca se prevé que haya varias presentaciones judiciales sobre el proceso y, hasta nuevos recursos de amparo con pedido de cautelares sobre quienes resulten ‘beneficiarios’ de los permisos.
Esto hace inferir que las empresas que sean adjudicatarias de los permisos previstos por una ley, no reglamentada, y con posible judicialización, tendrán un “activo” con orfandad de seguridad jurídica de largo plazo.
Por Néstor Saldivia