Dentro del largo listado de funcionarios de Mariano Arcioni que se metieron en la planta permanente de Estado, se encuentra Ana María Iturra, quie el 28 de agosto pasado, a través del decreto N° 983, fue nombrada en como Ayudante Administrativa en la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Un mes después de su ingreso a planta, presentó la renuncia a su cargo político de Subsecretaria de Desarrollo Social del Ministerio de Familia. Sin embargo, el ingreso de Iturra a la planta permanente debería ser anulado porque viola el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y la Ley de Ética de la Función Pública.
Por un lado, el Estatuto, en su artículo 2, establece como requisito de ingreso a la planta permanente una edad mínima de 14 años y una máxima de 45 años. Iturra nació en 1964, actualmente tiene 59 años, 14 años más que el máximo permitido.
El Estatuto hace una excepción para quienes acrediten fehacientemente actividad cumplida en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal pero resalta que “en ningún caso la edad de los aspirantes puede exceder de los cincuenta y cinco (55) años”.
Otro motivo para derogar el decreto N° 983 es que la ahora exfuncionaria incumple también con la Ley de Ética de la Función Pública, que establece, en su artículo N° 17, que está prohibido “recibir cualquier tipo de ventaja con motivo u ocasión de sus funciones, así como aprovechar la función para obtener beneficios que no se encuentren previstos en la legislación específica, de carácter general”.
