En un duro y extenso reportaje en LU20, el Ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, arremetió por deficiente y sospechosa la actuación de los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral en la causa conocida como “emergencia climática” de Comodoro Rivadavia.
Entre otras cosas el funcionario sostuvo: “Al quitar a los funcionarios públicos, ellos (los fiscales) le sacan el mote de corrupción a la causa. Entonces no tienen ningún obstáculo para considerar la suspensión del juicio a prueba….”.
Iturrioz, gran conocedor de la causa en detalle por haber sido el Fiscal a cargo, continuó: “Lo cierto es que los funcionarios eran quienes, por normas específicas, debían controlar a los empresarios y por cada labor, se hacía un documento que se llamaba PARTE DIARIO DE TAREAS…y resulta que esos documentos dicen que hubo gente que ‘trabajo’ 24 horas seguidas, VEINTICUATRO HORAS SEGUIDAS DURANTE QUINCE DIAS SIN DESCANSAR”.
Según su relato, entre las obras por la emergencia climática “hubo máquinas que fueron contratadas y “trabajaron” para “remover el barro” a partir del 29 de marzo a las 8 de la mañana CUANDO TODAVIA NO HABÍA EMPEZADO A LLOVER”.
Más adelante Iturrioz contó: “Muchas máquinas ‘trabajaron’, hubo muchas máquinas que eran INEXISTENTES…una empresa presentó un contrato de locación de 11 0 15 máquinas, y quien supuestamente las alquiló dijo ‘si, yo se las alquilé, pero el trabajo nunca tuvo principio de ejecución’”.
Iturrioz cuestionó: “¿Si nunca traían una máquina quien las controló? Bueno ese es trabajo de los funcionarios…esas es la tarea de contralor que debían ejercer los funcionarios públicos esa era su obligación. No solo por las normas generales, sino por la norma específica que se había dictado…”.
El Ministro concluyó en forma terminante: “Entonces ES IMPOSIBLE SOSTENER LA ACUSACIÓN CONTRA LOS EMPRESARIOS Y NO CONTRA LOS FUNCIONARIOS!”.
Los fiscales cuestionados sostenían que “no se podía determinar el daño patrimonial porque no había una pericia contable, era claro el perjuicio al patrimonial estatal.”, aseguró y agregó que “se lo demostré con claridad oportunamente a la jueza”.
Recordó que algo similar ocurrió en la causa del IPV donde “habían pedido penas severas porque había 227 víctimas, y se hizo un acuerdo abreviado, donde se impuso, como siempre el mínimo de las escala penal, no solo eso sino que se les cambió la calificación por una menos gravosa, eran ORGANIZADORES DE ASOCIACIONES ILÍCITAS Y SE LOS PASÓ A MIEMBROS.
Para el Ministro Iturrioz fue clara la maniobra para beneficiar a los funcionarios implicados”.