La vocera de los jubilados, retirados y pensionados de la provincia, Rosita Conteras, cuestionó duramente la designación del ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, en la gerencia General del Instituto de Seguridad y Seguros (ISSyS), a pesar de que hace 4 años que no asiste a trabajar a ese organismo por estar cumpliendo funciones en el gobierno provincial. “El nombramiento se enmarca en un cuadro de impunidad total”, resaltó.
“La semana que pasó nos enteramos de una nueva resolución, alguien que no está ejerciendo su trabajo es ascendido y eso ya tiene una irregularidad, porque si alguien que no trabaja es evaluado y se le da un cargo superior y un aumento en su salario, eso es totalmente irregular. Aquí hay impunidad del directorio y por eso pasan cosas como estas”, aseguró Contreras.
En cuanto al futuro de esta designación, Contreras dijo que “quiero ser optimista, me parece que si las cosas se hacen bien por intermedio de la justicia debería perder hasta su trabajo efectivo, Ayala pertenece al departamento de legales, es el asesor jurídico del Instituto, si él no puede visualizar la legislación que rige, está trabajando mal en ese cargo. El nuevo directorio, porque en algún momento habrá cambios, es decir Prior y Vecchio se van el 10 de diciembre, se deberían ir porque se van con el gobernador que los designó, y los otros dos deben llamar a elección, supongo que el nuevo gobierno lo va a hacer y que va a presentar nuevo directorio, nuevos representantes del gobernador y supongo por todos los elementos que hay, que van a revisar la situación de Ayala, porque es una resolución y una resolución se cambia con otra resolución”.
Más allá de lo que pueda pasar a futuro, la vocera de los jubilados considera que “la designación de Ayala no es legítima como tampoco lo es que el instituto le pague su salario” cuando cumple funciones en el gobierno”. “Nosotros advertimos en enero del año pasado, cuando apareció en el Boletín Oficial que el doctor Ayala fue designado ministro ad honorem, alguien le preguntó y él sin ningún tapujo dijo ´sí , en el cargo de ministro estoy ad honorem, porque cobro por el Instituto, porque soy empleado del instituto´. Es una barbaridad, es una ilegalidad, nuestra Ley de Jubilaciones plantea que todo lo que ingresa al Instituto, de aportes y contribuciones y la plata de los trabajadores debe ser destinada al pago de jubilaciones, retiros, pensiones y la obra social y la administración de esos bienes, un ministro administra bienes del Instituto, no se puede pagar al ministro con la plata de los trabajadores, eso ya es una irregularidad confesada por el propio ministro”, explicó.
“En ese momento le pedimos a través de Legislatura que nos informara cuál era la relación laboral de Ayala y Prior respondió a los diputados que sí, que como era un cargo tan importante, de tanta responsabilidad, el Instituto le pagaba a Ayala, era una adscripción, es decir, un empleado del Instituto estaba adscripto como ministro. Con esa información nos presentamos en el Ministerio Público Fiscal, está en la Fiscalía Anticorrupción de Trelew desde abril del año pasado y nos dijeron que estaban investigando, pero nunca nos dieron una respuesta”, relató Rosita Contreras.