Antes de que se conociera la decisión de elevar a juicio oral la causa por el envenenamiento de tres perros en Rawson, pocos imaginaban que ese expediente terminaría convirtiéndose en una referencia sobre la capacidad de respuesta de la Justicia chubutense. Sin embargo, la resolución adoptada por la jueza Laura Martini, a partir de una investigación encabezada por la fiscal Florencia Gómez, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué algunas causas logran avanzar con relativa rapidez mientras otras, especialmente las vinculadas a presuntos hechos de corrupción pública, parecen quedar atrapadas en un laberinto de obstáculos procesales y probatorios?
La comparación, desde luego, no busca establecer una escala de valores entre los delitos. El presunto envenenamiento de animales mediante el uso de carbofurán constituye un hecho de enorme gravedad, tanto por el maltrato animal como por el riesgo que implica la utilización de una sustancia altamente tóxica en un ámbito urbano. Pero precisamente por eso, porque se trata de una investigación compleja, con pericias, análisis de laboratorio, cámaras de seguridad y reconstrucción de movimientos, el avance del expediente demuestra que cuando la prueba aparece y la investigación tiene un rumbo definido, el sistema judicial puede llegar a una instancia de juicio en un plazo razonable.
Ese escenario contrasta con lo que ocurre en otras investigaciones de fuerte impacto institucional. El caso más cercado probablemente sea el del video en el que se observa al abogado Martín Castro recibiendo 12 millones de pesos para que la fiscal Julieta Gamarra morigere el pedido de una pena. La causa lleva meses de investigación y todavía permanece rodeada de incertidumbres. El propio fiscal Omar Rodríguez reconoció recientemente que el teléfono celular que utilizaba Castro al momento de los hechos nunca fue encontrado, luego de que en un primer allanamiento se secuestrara un aparato perteneciente a un familiar y un segundo procedimiento tampoco permitiera hallarlo.
La importancia de ese dispositivo no es menor. Semanas atrás, el mismo Rodríguez había admitido públicamente que la ausencia del celular podía comprometer seriamente la investigación, ya que se trata de una prueba considerada clave para reconstruir comunicaciones, determinar el contexto de la entrega del dinero y establecer eventuales responsabilidades penales.
La diferencia entre ambos expedientes parece estar, precisamente, en la disponibilidad de evidencia. Mientras en la causa por el envenenamiento de los perros la Fiscalía sostiene que cuenta con una importante cantidad de elementos que ubican al acusado en el lugar y momento del hecho, en la investigación por el video la búsqueda de una prueba central continúa sin resultados.
Paradójicamente, el rápido avance de una causa por maltrato animal termina exponiendo las dificultades que enfrenta la Justicia para investigar presuntos hechos de corrupción. No porque un expediente deba avanzar más lento que otro, sino porque la eficacia demostrada en un caso alimenta el interrogante sobre por qué esa misma capacidad no logra replicarse cuando están bajo la lupa funcionarios, exfuncionarios o personas vinculadas al poder político.
En definitiva, la elevación a juicio del caso de los tres perros demuestra que la Justicia chubutense puede actuar con celeridad cuando consigue reunir las pruebas necesarias. La pregunta que queda abierta es por qué esa misma dinámica parece mucho más difícil de alcanzar cuando las investigaciones rozan los pasillos del poder.