A horas del cierre de los alegatos de la fiscalía en la causa Vialidad, más de 500 intendentes del interior del país mostraron su apoyo público a la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada en el expediente de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obra pública a Lázaro Báez.
El kirchnerismo instala desde hace días que el objetivo final de la causa y una eventual condena es la proscripción de la vicepresidenta de cara a las elecciones. Sostiene el relato con campañas en redes, discursos públicos de sus dirigentes y con solicitadas.
En este caso, difundieron una lista de jefes comunales que atribuyen el juicio de Vialidad a una persecución política y judicial contra la vicepresidenta.
En el texto, los alcaldes se refirieron a la “utilización” del sistema judicial para “estigmatizar”. Y señalaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y apuntaron también a parte de la prensa.
“Los intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, comienza el escrito de los funcionarios locales.
Y sigue, con énfasis en la situación de la dirigente del Frente de Todos: “La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar, y anular social y políticamente”.
En la última parte del comunicado los intendentes sostienen que los argentinos y las argentinas merecen “una Justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida”, que se cumplirán el año próximo, y cierran: “Llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Esta muestra de respaldo a Cristina Kirchner aparece justo antes de que comience la semana en que el fiscal Diego Luciani pedirá una pena contra la vicepresidenta y otros funcionarios kirchneristas. Según el alegato, Cristina Kirchner utilizó la obra pública de Santa Cruz para obtener beneficios económicos, en vinculación con el empresario Lázaro Báez.
Ante el avance de esta carátula, en estos últimos días también La Cámpora y otros sectores de la terminal kirchnerista del Gobierno -que entienden que el procedimiento judicial responde a maniobras de lawfare- aumentaron la presión a la Justicia. “No jodan con Cristina” o “si la tocan a Cristina”, fueron algunas de las advertencias contra los jueces, a quienes tildaron de “macristas”.
En esta carta, en tanto, son ocho los intendentes firmantes de Jujuy; 17, de Catamarca; 38, de Tucumán; cuatro, de Salta; 158, de Santiago del Estero; ocho, de Corrientes; 47, de Chaco; 37, de Formosa; uno, de Misiones; 55, de Córdoba; 34, de Santa Fe; 33, de Entre Ríos; dos, de Mendoza; uno, de San Luis; dos, de San Juan; 17, de La Rioja; nueve, de Chubut; siete, de La Pampa; cuatro, de Neuquén; ocho, de Río Negro; tres, de Tierra del Fuego; y 16, de Santa Cruz.
Los intendentes de Chubut fueron:
- Pol Huisman, Intendente de El Hoyo
- Miguel López, Intendente de Alto Rio Senguer
- Augusto Sánchez, Intendente de Lago Puelo
- Micaela Bilbao, Intendenta de Lago Blanco
- Oscar Currilen, Intendente El Maitén
- Gustavo Sastre, Intendente de Puerto Madryn
- Claudia Loyola, Intendenta de Camarones
- Juan Pablo Luque, Intendente de Comodoro Rivadavia
- Héctor Ingram, Intendente de Trevelin