Con una intervención explosiva desde la banca del vecino del Concejo Deliberante de Trelew, el exministro de Seguridad Federico Massoni denunció públicamente que el Convenio Colectivo de Trabajo 625/2011 del Sindicato de Luz y Fuerza “fundió a la cooperativa de Trelew” mientras “los hermanos Héctor y Rogelio González se hicieron millonarios sin haber trabajado nunca”. Apuntó contra lo que calificó como un “sistema de privilegios sindicales, complicidad política y silencio mediático” que habría transformado al gremio en una “estructura paralela de poder económico”.
“El convenio fundió a la cooperativa, y los hermanos González se hicieron millonarios sin haber trabajado nunca. No produjeron un kilovatio, no arreglaron una línea caída, pero viven de prebendas mientras el pueblo paga tarifas imposibles”, disparó Massoni ante la mirada atenta de los concejales y vecinos presentes.
Durante algo más de 20 minutos, el dirigente describió un entramado de “privilegios sindicales, complicidades políticas y silencio empresarial” que, a su entender, convirtió al convenio colectivo en una herramienta de saqueo institucional.
Según detalló, el acuerdo firmado en 2011 -y aún vigente- impone a la cooperativa una serie de beneficios “irracionales” que “no tienen justificación productiva ni correlato con el esfuerzo laboral”.
Entre ellos mencionó:
Una bonificación del 17,65% del sueldo por no recibir refrigerio.
Un reintegro del 30% del sueldo por cada hijo en edad de guardería.
Becas escolares del 80% del salario.
Un pago de hasta veinte sueldos completos al momento de la jubilación o fallecimiento.
Cobertura total o compensatoria de los servicios públicos domiciliarios.
Aportes sindicales superiores al 11% del salario, incluso para trabajadores no afiliados.
“El convenio garantiza beneficios heredables, incluso para familiares de trabajadores fallecidos. Es un sistema legalizado de expoliación que se sostiene con dinero público y tarifas que asfixian a las familias y a los comercios”, afirmó.
El caso González y la denuncia de enriquecimiento ilícito
Una parte central del discurso de Massoni estuvo dedicada a los dirigentes Héctor y Rogelio González, históricos referentes del gremio Luz y Fuerza de la Patagonia. El exfuncionario los acusó de haberse enriquecido a costa del convenio, sin haber desempeñado tareas técnicas ni operativas en la cooperativa.
Incluso vinculó a la familia González con la construcción de un edificio en Trelew a través de la firma Navitas S.A., integrada por los hijos y la ex esposa del dirigente sindical. “¿De dónde salió ese dinero? ¿Cómo justificaron esa inversión? ¿Cuántos cortes de luz se financiaron con esos millones desviados?”, se preguntó.
Para Massoni, el enriquecimiento de la dirigencia gremial “es la prueba más clara de un sistema que vació la cooperativa para financiar una aristocracia sindical”.
La cooperativa, un engranaje del poder gremial
El exministro también sostuvo que la Cooperativa Eléctrica “ha dejado de ser un prestador de servicios públicos” para transformarse en una “correa de transmisión del poder gremial”. En ese sentido, denunció que la empresa está obligada a entregar libros contables, soportes magnéticos y reportes mensuales al sindicato, y que actúa como “agente financiero” del gremio.
“Hoy el segundo acreedor más grande que tiene la cooperativa es el propio Sindicato de Luz y Fuerza: más de 830 millones de pesos. El sindicato que la llevó al borde del colapso es el primero en cobrar”, remarcó.
Complicidad política y falta de justicia
Massoni fue más allá de la crítica sindical y apuntó directamente contra los sucesivos gobiernos provinciales y municipales que, a su entender, avalaron el convenio a cambio de paz social: “Se pactó gobernabilidad a cambio de silencio gremial. Poder político a cambio de impunidad económica. Eso explica por qué nunca se revisó el convenio, ni se auditó lo que pasa puertas adentro del sindicato”.
También cuestionó el rol del Poder Judicial por no intervenir: “La Corte Suprema ya dijo que se pueden anular convenios que atentan contra el interés público. Si los jueces no lo hacen, dejan de ser jueces y pasan a ser garantes del privilegio”.
Propuestas: intervención judicial y reformas legales
Lejos de limitarse a la denuncia, Massoni presentó un paquete de medidas concretas para “terminar con el sistema de privilegios”:
Suspensión judicial del convenio colectivo 625/2011 por “irracionalidad e inconstitucionalidad”.
Auditoría integral de los fondos sindicales derivados del convenio, con participación de la AFIP y la UIF.
Legislación local que prohíba cláusulas hereditarias, extralaborales o de contenido patrimonial en convenios colectivos.
Reforma normativa para impedir la “reproducción institucional” de castas gremiales.