El Gobierno provincial buscará en los próximos días declarar la Emergencia de la Infraestructura Edilicia Escolar en todo el territorio chubutense. Según anunciaron, el proyecto de ley busca «impulsar la construcción de nuevos edificios escolares, realizar ampliaciones edilicias, intervenciones de gran complejidad, acondicionamientos de instalaciones y demás tareas necesarias para adecuar la infraestructura existente».
En 5 años al frente del Ejecutivo, el gobernador Mariano Arcioni no construyó una escuela en la provincia y a un año del fin de la gestión se acordaron de los establecimientos educativos y descubrieron que están en emergencia.
Sin embargo, si repasamos algunas declaraciones de los propios responsables de Educación a lo largo de este año, no habría motivos para avanzar en la ley ya que las escuelas están en muy buenas condiciones.
El 30 de marzo pasado la por entonces ministra de Educación, Florencia Perata, se presentó en Legislatura y aseguró a los diputados que “de un total de 839 instituciones educativas que tenemos en la provincia, solo 8 de ellas se encuentran sin clases por obras de infraestructura; lo que representa el 1% de las escuelas. En términos generales, el 99% de las escuelas están en clase y con los estudiantes en el aula”.
Por su parte, el actual titular de la cartera educativa, José Grazzini, afirmó durante el receso invernal pasado que “el 90% de las escuelas están en condiciones de arrancar las clases el próximo lunes” y explicó que el 10% de los establecimientos que no están en condiciones de arrancar “se debe a diferentes situaciones que son tan amplias que no vale la pena describirlo”.
Entonces, ¿por qué el Gobierno provincial busca declarar la Emergencia de la Infraestructura Edilicia Escolar?
La ley facultará a los Ministerios de Educación y de Infraestructura a sustentar la elección del sistema de CONTRATACIÓN DIRECTA en cualquiera de las causales previstas por las leyes I N° 11 y II N° 76 y sus reglamentaciones según corresponda, pudiendo fundarla en la necesidad de su realización en el «certificado de necesidad de contratación en emergencia».
Esto quiere decir que ambos ministerios tendrán la potestad de contratar a la empresa que deseen sin tener que realizar un llamado a licitación pública que obligue a las empresas a hacer un concurso de precios.
Vale recordar que la la exministra de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, está acusada de 22 delitos de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública por contratar de forma directa a empresas amigas para reacondicionamientos de escuelas de toda la provincia.
También, durante el tiempo que Perata estuvo al frente del Ministerio de Educación las obras se repartieron entre empresas cercanas a la funcionaria. Según pudo constatar este medio, el reparto lo manejaba Márquez y lo hacía por zona: en el valle, casi todas eran para Ezio, un amigo muy cercano; en la cordillera para Juan Cottet, compinche y protegido del diputado Pablo Nouveau y del director del Banco Leonardo Aquilantti.