El ministro de Economía, Oscar Antonena, suspendió la licitación pública para la privatización de Rentas, que iba a realizarse el próximo viernes 28, debido a una gran cantidad de irregularidades y sospechas de ilegalidad.
Según la resolución firmada por el ministro, el motivo de la suspensión respondió a que “el Sr. Contador General de la Provincia dictaminó sobre el acto formal licitatorio, aconsejando la inconveniencia de su prosecución por cuestiones que atañen a eventuales planteos nulificatorios que pudieran suscitarse”.
La Voz de Chubut tuvo acceso exclusivo al dictamen de la asesora legal de la Contaduría general de la provincia, Marta Fernanda Castro, quien desaconsejó avanzar con el proceso licitatorio.
¿Qué dice el informe de Castro?
La asesora legal puso el acento en que los pliegos no fueron de libre acceso y cualquier posible interesado que quisiera consultarlos debía abonar la friolera suma de $ 20 millones.
“La no publicación del Pliego de la Licitación que por este expediente se tramita vulnera dos principios fundamentales de la licitación pública: la concurrencia y la publicidad”, explicó la abogada.
“La concurrencia –prosiguió- tiene por objeto que al proceso licitatorio se presenta la mayor cantidad posible de oferentes. Y la publicidad no se agota con la publicidad del llamado, tan valioso como ellos es que durante la vigencia del procedimiento la tramitación no tenga reservas indebidas, pudiendo ser seguida por todos los interesados en ella”.
Castro destacó que “la no publicación de los pliegos y su incorporación en sobres cerrados y lacrados que impiden su conocimiento público ocasionará la nulidad del proceso licitatorio”.